“Hay que impulsar una nueva generación de reformas democráticas”

El director del National Democratic Institute (NDI) sostiene que las democracias latinoamericanas urgen de una nueva generación de reformas democráticas y advierte el peligro de no hacerlas, ya que la idea de una democracia que no da resultados abre espacios a populismos autoritarios, tanto de izquierdas y de derechas en la región. Uno de los objetivos en El Salvador es promover el debate de la reforma constitucional en espacios seguros en donde las personas puedan opinar desde sus diferencias. Este politólogo, además, señala una falsa contradicción entre la participación ciudadana y la representación política. ¿Qué tanta incidencia quieren tener ustedes en este proceso de reforma constitucional? El espíritu de la colaboración nuestra con el equipo ad hoc y la Vicepresidencia es fomentar el mayor grado de participación y discusión en torno a un proyecto de reforma que contó con un componente de participación, por lo que hemos escuchado nosotros con un alto número de propuestas ciudadanas que el vicepresidente nos ha explicado están reflejadas en una determinada medida en el proyecto de reforma constitucional. Lo que pasa es que una cosa es participar en el proceso de consulta planteando ideas y otra cosa es luego ver el momento en que esas ideas quedan o no vaciadas en un texto constitucional. Nos parece que era muy importante devolverle a la sociedad salvadoreña la manera en que esas ideas quedan reflejadas en una propuesta de reforma. Entonces, la aspiración es fomentar espacios seguros, por eso, las universidades como sede académica y social en donde confluyan actores de nivel nacional o de nivel territorial, y puedan manifestarse con libertad sobre el conjunto de la propuesta o sobre propuestas específicas, coincidiendo o disintiendo también con seguridad, con confianza, de que sus opiniones van a quedar efectivamente registradas. Para nosotros, la idea es que es muy importante que haya debate público, es muy importante que la ciudadanía se apropie ahora del proyecto de reforma constitucional, pero aplica para cualquier otro tema, el mayor involucramiento de las personas en los asuntos públicos es esencial para la salud de la democracia y, en los últimos años, en varios de nuestros países, hemos visto que se están perdiendo los espacios de debate, ya casi no se debate. La idea es crear ese espíritu de debate y ojalá que haya la mayor apertura e inclusión. En el proceso de elaboración de la reforma se hicieron reuniones por zoom aunque no se accedió totalmente al documento físico que mandaron, por ejemplo, salvadoreños en el exterior. ¿Qué calidad de debate tuvo ese proceso de discusión? Bueno, yo no estaba, te confieso, en el país como para poder emitir una opinión informada sobre el proceso previo, entonces, no me atrevería a hacer un juicio basado en información o evidencia, lo que podría decir, entiendo que hubo un proceso de consulta que fue virtual, alguna gente lo hizo de manera presencial, por escrito en función, en función de la evolución de las condiciones de la pandemia. Pero, bueno, lo que buscamos ahora en este proceso es cerrar esa brecha, esa brecha entre lo que la gente aportó con su disposición a participar, lo que es el texto constitucional de cierre, el presentado en este momento el señor Presidente de la República, de manera que la gente pueda emitir una valoración de si su propuestas fueron quedaron reflejadas o no, en qué medida se respeta el espíritu en el entendido de que, si hubo más de 4,000 propuestas, pues evidentemente no todas las propuestas van a quedar registradas. Al final, la titularidad de la propuesta de reformas del equipo ad hoc y la forma en que interpreta, organiza la información y la presenta a consideración ahora del señor Presidente, pero creo que este proceso entre socializar, generar debate y tener una valoración independiente ayuda justo a reforzar los ejercicios previos que se hayan realizado de consulta y participación ciudadana. ¿Es posible tomar en cuenta todas las opiniones? Esta es una opinión muy personal. Nosotros hemos acompañado procesos de reforma legal, alguna vez reforma constitucional parcial, en otros países y, cuando se abren procesos de participación ciudadana, la gente desde su experiencia, desde sus necesidades, desde su visión del mundo, propone reformas muy diversas. Al final, es la función del legislador y la legisladora integrar ese tipo de propuestas, interpretarlas y darle coherencia. Normalmente lo que va a estar reflejado en un proceso de reforma constitucional son las áreas de mayor coincidencia, los temas donde hubo más confluencia de ideas, donde hubo más acercamiento de posiciones, probablemente haya habido propuestas muy específicas que difícilmente quedarían reflejadas en un texto legal o constitucional y ese es un proceso completamente natural. Y cuando uno abre estos ejercicios de participación es muy importante ser muy pedagógicos, muy educativos y decirle a la gente, mira, estamos consultando, pero no necesariamente todo lo que se vaya a decir puede quedar finalmente reflejado en un nuevo texto constitucional, sino que al final es la visión, ya sea del legislador en este caso del equipo ad hoc, que integra ese conjunto de propuestas según el texto normativo, coherente y técnicamente bien sustentado. ¿Deberían incluirse las disposiciones conocidas como pétreas dentro de la discusión? Ese es un debate sumamente interesante. En principio, al llamarlos normas pétreas, pues, las normas se autodefinen como no modificables, pero es exactamente la misma discusión que en su momento hubo en Honduras cuando se hablaba de la cuarta urna, hace unos años y en qué medida la cuarta urna implicaba una modificación de normas pétreas. Lo que está ocurriendo en algunos países es que eran inamovibles o no cambiables están siendo modificadas, pero más que por la vía de reformas constitucionales a través de disposiciones judiciales, eso sí ha estado ocurriendo en varios países, entonces, hay que preguntarse a final de cuentas, cuál es la mejor manera de debatir una reforma constitucional, ¿es mejor hacerlo a través de un proceso de diálogo político y social, abierto, transparente?, ¿es mejor hacerlo por una vía de una sentencia o sea de una interpretación jurisdiccional realizada por una corte sea general o especializada en asuntos constitucionales?, no hay una sola vía. Lo que sí es un hecho, es que el espíritu de que hayan ciertas normas que no son modificables en la práctica en varios países se está modificando, pero más que por la vía de reformas constitucionales debatidas políticas y socialmente por la vía de resoluciones judiciales. Y creo que podría ser ese uno de los temas que hay que debatir justo en el marco de este proceso, es decir, preguntarse, la sociedad salvadoreña, hasta dónde quiere llevar la modificación, hasta dónde quiere alcanzar un proceso de transformación o incluso si quiere hacerlo, que es otra pregunta perfectamente legítima que hay que hacerle a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuál cree que es el estado de la democracia en Centroamérica? Justo ahora teníamos una conversación sobre este tema ahora en unas actividades laterales en el marco de la cumbre de Las Américas y decíamos que la democracia está enfrentando dos tipos de desafíos, los desafíos que llamamos endógenos, que son los que tienen que ver con el diseño y el funcionamiento de la democracia y los desafíos contextuales o exógenos, los contextuales son muy claros, tienen que ver con la creciente influencia de fenómenos como estructuras complejas de corrupción sobre la política y la democracia, la influencia de la criminalidad organizada en sus distintas expresiones sobre los estados democráticos, la influencia de fenómenos como la desinformación o el uso intencionado de la polarización política para inducir narrativas de exclusión entre buenos y malos, lógicas de amigo-enemigo, ese tipo de cosas que está mucho en el ánimo no solo de Centroamérica, sino de América Latina y otras regiones del mundo. Pero también hay desafíos que tienen que ver con el diseño y el funcionamiento de las democracias y eso tiene que ver con que diseñamos instituciones para una realidad política y social 40 años atrás y no todos los países hemos tenido la sabiduría ni la capacidad de construir los acuerdos políticos para que esas instituciones se reformen y se adapten a los cambios del contexto, a los nuevos desafíos, pero también a las lecciones aprendidas de cómo funcionan las democracias, y cuáles son las virtudes y cuáles son las debilidades de nuestras democracias, entonces, estábamos hablando justo de que hay que impulsar una nueva generación de reformas democráticas que pasa por debatir las formas de representación política, el papel de los partidos políticos y el papel de los mecanismos de participación directa, uno de los temas que ahora se discutieron. Porque el tema es que estamos cayendo en una falsa contradicción, hay gente que cree que para ir hacia una democracia que se base en la participación hay que cancelar la representación política, no es así, no hay relación irreconciliable entre representación y participación, son complementarias, los mecanismos de participación pueden convivir con partidos robustos, con congresos robustos, con un sistema de frenos y contrapesos que garantice la no concentración del poder y esos son los temas que tenemos que debatir. Entonces, la democracia centroamericana como la democracia latinoamericana y, si vamos a Europa o a otros países, encontramos lo mismo, enfrenta ese tipo de desafíos, tenemos instituciones que fueron creadas para sociedades notablemente distintas a las que tenemos hoy, entonces, tenemos que adaptar esas instituciones, dotarlas de capacidad para adaptarse y cumplir apropiadamente sus funciones estratégicas. El peligro de no hacerlo es que la democracia no le va a dar resultados a las personas y, si la democracia no le da resultados a las personas, hay cada vez más personas dispuestas a sacrificar democracia por resultados y eso abre espacios a las narrativas populistas de corte autoritario que han aparecido, de izquierdas y derechas, en varios países de América Latina, creo que es ahí donde tenemos que tener sentido de urgencia para actuar, decir sentémonos a debatir, sentémonos a dialogar, construyamos acuerdo, pero reformemos la democracia en democracia, no caigamos en la trampa de que de pensar que porque la democracia no funciona es sacrificable a cambio de resultados que se puedan obtener por vías distintas como vemos en varios países de la región. ¿Cuál es la opción para países centroamericanos que a través de decisiones judiciales o legislativas han provocado cambios en la Sala de la Constitucional, como El Salvador el 1 de mayo, y también en el tema sensible para la democracia como la reelección inmediata presidencial con la resolución que dio esta Sala de lo Constitucional? Bueno, yo le diría que hay una tendencia creciente a judicializar la política y a judicializar lo que antes tenía que debatirse en el seno de los parlamentos y en el seno de los partidos políticos de la sociedad. Uno de los rasgos de las debilidades de nuestras democracias en América Latina es que hemos perdido capacidad de diálogo y como ya no dialogamos, es mucho más difícil entendernos, construir los acuerdos políticos básicos que nos permitan tener una estrategia de país o una estrategia de reforma política institucional. Entonces, la falta de elasticidad que han tenido nuestras élites políticas en general para construir acuerdos, para reformar la democracia, ha llevado a que algunos actores sociales, económicos y a veces los mismos partidos y dirigentes políticos acudan a resoluciones judiciales para tratar por la vía de la justicia reformar lo que no se reforma a través del diálogo. Yo respetuosamente creo que el camino de usar recursos judiciales es un camino válido, es un camino constitucionalmente establecido en todas las constituciones de nuestros países, es un camino correcto cuando tenemos disputas, diferencias que no podemos resolver, pero no es el mejor camino para reformar la política. La política tiene que reformarse en el marco del debate democrático, tiene que reformarse en el marco del diálogo entre partidos, entre los partidos y la sociedad, los actores económicos sociales, la academia, los organismos especializados de sociedad civil y creo que es lo que tenemos que recuperar, tenemos que recuperar la idea de que la política es un ejercicio de debate ciudadano en donde los ciudadanos como la gente que está activa en los partidos o en las instituciones se reconoce como iguales, que podemos pensar diferente y que, desde nuestras diferencias, en el ámbito del respeto, la tolerancia y la pluralidad, construimos acuerdos, porque ese es el mejor camino. Yo creo que mejor que la vía judicial es el camino del diálogo y del entendimiento y eso es lo que estamos tratando de promover nosotros en muchos países y en el fondo también es el espíritu de este ejercicio, que se debata. Porque al final de cuentas las constituciones, más allá de su naturaleza jurídica, son la expresión política de las voluntades, de cómo construir normas y reglas compartidas de convivencia política social, o sea, al final tiene una dimensión profundamente política que entraña o importa a los ciudadanos y las ciudadanas, entonces, creo que el camino es, más que la vía judicial, que por supuesto insisto es respetable, es una vía correcta para resolver disputas cuando ya no pudimos ponernos de acuerdo, no significa evadir la responsabilidad de liderazgo político social y económico de construir espacios seguros de diálogo desde las diferencias para construir acuerdos.

El perfil

Eduardo Núñez: Director del NDI para C.A. Cargo actual: director del National Democratic Institute (NDI) en Centroamérica. Formación académica: Licenciado en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica y estudios de posgrado en gestión de proyectos de desarrollo en el Instituto Centroamericano de Administración Pública. Experiencia: de 2002 a 2006 fue coordinador del programa de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre valores democráticos y gestión política en Guatemala. Fue director de programas de asistencia técnica electoral del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL).