Inicia audiencia contra habitantes de La Floresta acusados de vender terrenos de forma ilegal

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador instaló este jueves la audiencia especial de imposición de medidas en contra de un grupo de personas, acusados de comercializar terrenos de forma ilegal en San Juan Opico, La Libertad. La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a 29 personas, de las cuales 25 están presentes y cuatro ausentes por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación. Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, a quien le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión. La acusación de la Fiscalía afirma que había una estructura organizada asesorada por Unidehc, quienes supuestamente coordinaban a personas que habitaban en los terrenos en la comunidad La Floresta, haciéndoles creer que podrían lograr la posesión de los terrenos con base a procesos legales. Asimismo, señalaron que un testigo clave dijo que Zavala se identificaba ante los miembros de la comunidad como abogado y vocero de Unidehc, quien recibía instrucciones por parte del representante de la organización, Rudy Joya. A su vez, realizaba labores de medición de terrenos para la comercialización ilegal de propiedades que no les pertenecían. En ese sentido, el Ministerio Público solicitó al Tribunal que se apliquen medidas de detención provisional para 24 de los procesados, debido a que varios de los testigos de la Fiscalía son habitantes de La Floresta, por lo que temen que se podría atentar contra sus vidas. Mientras que para una de las imputadas se otorga medidas sustitutivas a la detención, debido a que se encuentra en estado de embarazo.

Dueño de propiedad denuncia

Por su parte, en la audiencia asistió el señor Óscar Góchez, quien se identificó como uno de los propietarios de los terrenos desde 1992 y que ahora han sido ocupados por los imputados. "Algunas son personas que ya residían allí y que se habían ganado la confianza de nosotros y decidieron empezar a comercializar mi propiedad. Empezaron a vender parcelas de las que yo tengo conocimiento empezaron a venderlas”, dijo el señor Góchez.

Defensa

Por su parte, la defensa de Zavala expuso que no existen pruebas que acrediten la participación del vocero de Unidehc en la venta ilegal de los terrenos. Asimismo, señaló que los habitantes de La Floresta estaban reunidos para realizar la legalización de los terreros a través de un proceso de prescripción. Ante ello, los abogados defensores solicitaron que el tribunal se declare incompetente porque no se tratan de delitos de crimen organizado y que se pase a un juzgado común. "Estos tribunales sólo se crearon para ver el tema pandilleril, extorsion, asesinato de pandillas, agrupaciones de la pandilla, para eso se crearon esos tribunales, pero resulta que en este contexto los tres delitos sobre los cuales nuestro cliente (Zavala) no tiene nada que ver con el tema pandilleril”, dijo Jaime Ramírez, abogado defensor de Zavala. Previo a la audiencia, el vocero de Unidehc enfatizó sobre su inocencia y que no pertenece a ninguna agrupación delincuencial. La audiencia se realizó con acceso a los periodistas y hasta las 8:00 de la noche continuaban los alegatos de la defensa.

Ausentes

En el proceso judicial están cuatro imputados ausentes, quienes enfrentarán una audiencia separada, la cual quedó programada para el próximo martes 18 de marzo, a las 9:00 de la mañana. La abogada de Unidehc, Ivania Cruz, afirmó que junto a su colega Rudy Joya que están implicados en el caso como dos de los imputados ausentes. "‘Este día nos han informado sobre el caso de La Floresta, donde la Fiscalía ha mencionado una supuesta participación de las falsas acusaciones que ellos están realizando en contra de los voceros principales de Unidehc. Nosotros ahora nos consideramos perseguidos políticos de Bukele por decir la verdad, por alzar la voz”, declaró Cruz a medios de comunicación.

El caso

Los detenidos son integrantes de la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad y según la investigación de la Fiscalía, intentaban vender lotes a "personas de escasos recursos" por montos de entre $100 y $200. Según señalaron, los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico, La Libertad. Según la acusación, posteriormente, tras realizar intentos de volver a ingresar al inmueble, los acusados detenían la circulación de cualquier persona que intentara ingresar al sector.