El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó, en audiencia inicial este viernes, detención provisional para 24 personas acusadas de vender terrenos de forma ilegal en la comunidad Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad.

La medida se aplicó para todos los procesados a excepción de una de ellas, identificada como Rosa Orellana, a quien se le otorgó medidas sustitutivas a la detención debido a que se encuentra en estado de embarazo.

Según se le indicó a la acusada debe acudir a los juzgados a firmar una vez al mes, notificar cuando esté en labor de parto, asimismo, que no debe salir del país y no hablar con ninguna persona de la comunidad donde reside o asistir a reuniones con los demás lugareños.

En ese sentido, el caso fue remitido a fase de instrucción por un periodo de seis meses para que continúen con las investigaciones.

Los detenidos son integrantes de dicha comunidad y, según la investigación de la Fiscalía General de la República, intentaban vender lotes a "personas de escasos recursos" por montos de entre $100 y $200.

A los imputados se les acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, usurpación de inmueble, ejercicio Ilegal de la profesión, comercialización irregular de lotificaciones y parcelaciones, limitación ilegal a la circulación.

Entre los acusados se encuentra el activista de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), Fidel Zavala, a quien le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.
Ante la resolución del tribunal, el abogado defensor de Zavala y de otros dos imputados, Jaime Ramírez, indicó que apelarán la decisión del tribunal.

“Vamos a esperar la sentencia y una vez tengamos la sentencia vamos a valorar una posible apelación en virtud de algunos hechos que se han vulnerado en el proceso que tienen que ver con la legalidad y legítima defensa y sobre todo la situación que no se ha valorado absolutamente lo que es toda la información vertida por la defensa en relación de cada uno de los que están siendo acusados por estos delitos”, declaró Ramírez.

Por su parte, Óscar Góchez, uno de los propietarios de los terrenos de San Juan Opico aseguró que siempre buscó beneficiar a los residentes de la comunidad mediante obras humanitarias.

“Lo que nosotros veníamos realizando y todo lo que estas personas hicieron o siguen haciendo a través de los abogados que están publicando cosas contra nosotros poniendo cosas que no son ciertas. Nunca pensé que venir a El Salvador a hacer una buena obra me iba a traer estas consecuencias”, expresó Góchez.

Según dijeron los hechos iniciaron en el año 2014 y se mantuvieron hasta el presente año, cuando un grupo de personas despojó a los dueños de una hacienda de San Juan Opico.

En el caso están implicados 29 personas, 25 presentes, a quienes hoy se le dio a conocer la resolución de la audiencia y otros cuatro que están ausentes y tendrán audiencia separada la próxima semana.