La Fiscalía aún no judicializa el caso de la masacre del Sumpul

Familiares de las víctimas de la masacre del río Sumpul denunciaron que la Fiscalía General de la República sigue sin imputar cargos a los responsables de la matanza, a pesar que la denuncia fue interpuesta en 1992, ante el Juzgado de Paz de Primera Instancia de Chalatenango. "A 42 de la masacre, los sobrevivientes y familiares seguimos demandando justicia y reparación, lamentamos la negativa de las instituciones encargadas de hacer justicia y del Gobierno que no ha agilizado lo procesos para que se investigue la realidad de los hechos", declaró Felipe Tovar, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Sumpul. Las familias lamentaron que hasta el momento, ningún Gobierno en la postguerra haya tomado medidas para responder a sus demandas de justicia. "Al contrario, estás demandas han sido obstaculizadas por la implementar de leyes como la Ley de Amnistía General del 1993 y la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Legislativa en febrero de 2020, que buscan proteger a los victimarios ", señalaron familiares de víctimas organizadas. En ese sentido, pidieron al Estado que asuma con responsabilidad el caso, que se reconozca la veracidad de los hechos, se pida perdón a las víctimas, así como una reparación material que incluya una pensión digna, programas de salud mental, proyectos de vivienda, educación, espacios físicos de recreación que brinde a las sobrevivientes condiciones de esparcimiento.

Preocupación.

Tras las demandas, también dijeron estar preocupados por el clima político actual debido a la persecución, acoso y militarización hacia organizaciones de derechos humanos. "El clima político actual donde persiste la persecución política, el acoso a los medios de comunicación, la militarización que afecta a la convivencia de nuestras comunidades fronterizas y la impunidad institucionalizada es motivo de preocupación para los sobrevivientes de las masacres de la guerra, los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos", señalaron las organizaciones de víctimas. Así mismo, mencionaron que existe una instrumentalización de las víctimas por parte del Gobierno para fines políticos. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el 13 y 14 de mayo de 1980, aproximadamente 300 personas del caserío Las Aradas, cantón Llano Largo, de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, fueron brutalmente asesinadas por efectivos del destacamento militar número 1, de la Fuerza Armada de El Salvador, miembros de la Guardia Nacional y de la paramilitar Organización Nacional Democrática (ORDEN). Algunas personas que intentaron huir de la masacre, fueron alcanzadas sobre el cauce del río Sumpul, porque las Fuerzas Armadas hondureñas impidieron el paso de salvadoreños, a través del afluente. El pasado 29 de abril, el Instituto de Medicina Legal entregó las primeras seis osamentas que han sido encontradas de la masacre del río Sumpul.