Un total de 6,291 declaraciones de patrimonio sin presentar reportó la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de personas que han desempeñado cargos de diferentes niveles en las últimas dos administraciones y que como tales están obligadas a declarar sus bienes al inicio y al final de sus funciones. Así lo registró en un informe Acción Ciudadana (AC), que recibió dicha información de Probidad hasta el 7 de diciembre de 2021 y los reúne en un estudio presentado este jueves públicamente.
El estudio concluye que hay un alto nivel de incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas de patrimonio, una limitada capacidad operativa de la Sección de Probidad, notables retrasos en la verificación de las declaraciones patrimoniales y unas sanciones mínimas, colocando una "bandera roja” ante los "riesgos” en la labor de "verificación de las declaraciones juradas de patrimonio como mecanismo de prevención y combate de la corrupción”.
Gobierno anterior.
Un total de 3,935 declaraciones de servidores del Ejecutivo y de instituciones autónomas que fungieron en la gestión 2014-2019 no habían declarado sus bienes hasta el 7 de septiembre de 2021.
En el Ejecutivo, un total de 697 personas no habían declarado al inicio de sus funciones; y 454, al cese.
En las autónomas, 1,428 funcionarios no habían declarado al inicio; y 1,356 al final de sus cargos.
Los números indican que al menos 2,100 personas que trabajaron en instituciones estatales durante este periodo tenían pendiente la declaración de sus bienes.
La cifra de incumplimiento en el Órgano Ejecutivo de ese periodo se mantuvo durante un año analizado por la AC. Es decir, de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, apenas hubo cuatro personas que presentaron su declaración pendiente, lo que implicó una leve disminuición del listado de 701 a 697 declaraciones de inicio pendientes del Ejecutivo 2014-2019.
La mayor parte de quienes no declararon al inicio de funciones ocuparon cargos de dirección, técnicos o administradores de fondos, jefaturas o coordinadores; pero la lista de quienes no declararon al final de sus funciones la lideran quienes ocuparon cargos diplomáticos, técnicos, directores y jefes.
En las autónomas, el cambio, la mayoría de personas que no han declarado bienes son técnicos, administradores de fondos (695), directivos (387), jefes (151) y directores (100). En menor cantidad hay gerentes (49), coordinadores (42) y asesores (4), tomando en cuenta solo las declaraciones de toma de posesión pendientes de presentar.
Las instituciones autónomas con más servidores que han incumplido con esta obligación son la Policía Nacional Civil (PNC), el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), así como el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y el Centro Nacional de Registros (CNR).
Gobierno actual.
En la administración 2019-2024, el informe señala que hasta diciembre de 2021 había 2,356 declaraciones pendientes de presentar: 1,632 de inicio de funciones y 724 de cese de funciones, tanto del Ejecutivo como de las instituciones autónomas.
Se trata de servidores públicos que en su mayoría han ocupado cargos de técnicos, directores, jefes, directivos, diplomáticos, gerentes y coordinadores; en menor cantidad asesores, militares, superintendentes.
¿Quiénes son los obligados?
Altos cargos
La ley obliga a los presidentes, vicepresidente, diputados, ministros, viceministros, secretarios de Presidencia, jefes de misiones diplomáticas, funcionarios de las mismas, cónsules excepto ad honorem.
Contralores
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, fiscal general y fiscales adjuntos, procurador general y adjuntos.
Otras entidades
Directores y subdirectores generales, delegados y subdelegados, presidentes, directores y gerentes de instituciones oficiales autónomas, rector y vicerrector de la UES, decanos de facultades, presidente y magistrados del TSE.
Auditores
Los miembros del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y los peritos o auditores fiscales de la Dirección General de Impuestos Internos, administradores y contadores de Aduanas, administradores de rentas.
Manejen fondos
Miembros de concejos municipales, comandantes de unidades militares superiores, jefes y oficiales, funcionarios y empleados que manejen fondos públicos o municipales o particulares encomendados o administrados por el Estado.