A lrededor de 7,000.personas que fueron capturadas durante el régimen de excepción han sido liberadas, reveló ayer el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
"De nuestra parte, hasta la fecha son un poco más de 7,000 los que han sido liberados de estos más de 72,000, quiere decir que el sistema de justicia está funcionando”, sostuvo Villatoro ayer en la entrevista de canal 21.
Asimismo, el titular de seguridad, aseveró que "puede haber errores”, en cuanto a las personas capturadas que no tenían vínculos con pandillero, sin embargo, sostuvo que no pueden dejar en libertad a personas que "tarde o temprano van a volver a su naturaleza”.
Vulneraciones.
Hasta julio pasado, seis organizaciones de derechos humanos registraron que en 16 meses de vigencia del régimen de excepción se han violentado derechos fundamentales a 5,490 personas, la mayoría corresponde a detenciones arbitrarias.
"Hasta la fecha hemos atendido 5,233 casos de violencia a derechos humanos, dónde se han registrado a partir de la atención directa de las víctimas y la verificación de los casos, estos casos involucran a 5,490 personas, víctimas directas de estas agresiones por parte del Estado en el marco del régimen de execpción”, explicó Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.
Las denuncias fueron interpuestas en Cristosal, el Servicio Social Pasionista, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (Idhuca), Azul Originario, Amate, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, y Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El régimen de excepción ya tiene 16 meses de vigencia desde el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana que dejó más de 80 homicidios; la última prórroga entró en vigencia el 15 de agosto y se prolongará hasta el 13 de septiembre próximo.
El gobierno ha reiterado que seguirá postergando la medida de la suspensión de garantías constitucionales hasta lograr capturar "al último pandillero”.
El estado de excepción se ha convertido en la principal medida de seguridad del gobierno de Nayib Bukele, quinquenio que termina el próximo año, pero del cual el mandatario busca reelegirse en las elecciones.