Mides pide anular medidas que obligan a prestar servicio de tratamiento de basura a alcaldía capitalina

La empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides) presentó un recurso ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, de San Salvador, que busca anular la resolución que obliga a la empresa a seguir prestando servicio de tratamiento de basura a la alcaldía de San Salvador. El pasado viernes 19 de febrero, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador ordenó a Mides seguir con el servicio de tratamiento y disposición final de la basura, que brinda la alcaldía de San Salvador, durante un plazo de 6 meses.Miranda aseguró que la medida cautelar, aprobada por la Cámara, no cumple con los requisitos mínimos de "justificación”, "razonabilidad” y "proporcionalidad” de las medidas, debido a que cargan con la responsabilidad ambiental a la empresa y no a la alcaldía de San Salvador.La empresa, propiedad del empresario Enrique Rais, asegura que actualmente, la alcaldía de San Salvador tiene una deuda por $5,440,486.1 desde el mes de febrero de 2018, y que la Cámara Ambiental solicitó a la municipalidad "tomar con seriedad”, la deuda que se le debe a la empresa para disposición legal.Miranda aseguró que el último pago que la comuna les dio fue en noviembre del 2020 con un monto que asciende a los $270,000.

El conflicto

El año pasado, Mides denunció que dejaba de recibir los desechos sólidos debido a falta de pago del servicio, de parte de la comuna, pero tras una medida cautelar y un abono de la alcaldía el servicio se restableció.Previamente, los sindicalistas de la Asociación de Trabajadores Municipales (Astram) habían bloqueado el acceso al relleno sanitario, alegando que el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, no pagó las retenciones salariales.El alcalde recurrió al juzgado y también otorgaron medidas cautelares a su favor para controlar una crisis sanitaria a causa de la basura.

Denuncian a magistrados

Además de la anulación de la medida cautelar, Mides presentó otra demanda contra los magistrados de la Cámara Ambienta de Segunda Instancia Samuel Aliven Lizama y Cesia Marina Romero de Umanzor, por el supuesto delito de prevaricato, debido a que Mides los acusa de parcializar el proceso y de escuchar "solamente” a la Dirección Municipal de Desechos Sólidos de la alcaldía de San Salvador.