La oenegé Chinese Human Rights Defenders (CHRD) denunció este miércoles que las autoridades chinas siguen recurriendo a torturas y malos tratos contra presos de conciencia y que las denuncias apenas desembocan en investigaciones o sanciones contra los presuntos responsables.
En un informe difundido este miércoles, la organización analiza 209 casos de supuestas torturas registrados entre 2016 y 2025 en distintas zonas de China, además de entrevistas con 25 defensores de derechos humanos, familiares y abogados.
Según CHRD, en uno de cada cinco casos examinados se denunciaron palizas por parte de las autoridades, mientras que otros afectados afirmaron haber sufrido descargas eléctricas o aislamiento.
El 35 % describió la privación de atención médica adecuada, la forma de maltrato más mencionada en el documento, y 16 personas murieron bajo custodia como aparente consecuencia de esos abusos, de acuerdo con la organización.
La oenegé sostiene además que las torturas se emplean habitualmente para obtener confesiones y señala que más de la mitad de los presos de conciencia incluidos en el informe habían sido encarcelados por ‘buscar pelea y provocar altercados’, un delito que expertos de Naciones Unidas han considerado de formulación vaga.
CHRD afirmó haber encontrado referencias a investigaciones judiciales sobre denuncias de tortura únicamente en dos de los 209 casos estudiados, los de los activistas Ding Jiaxi y Huang Xueqin.
En otro caso, el del activista Ji Xiaolong, un tribunal aceptó excluir una confesión al considerar que había sido obtenida mediante malos tratos, la única decisión de este tipo localizada por CHRD en los expedientes revisados, aunque posteriormente lo condenó.
La organización tampoco encontró constancia de que ningún funcionario hubiera sido procesado o sancionado por torturar a presos de conciencia en los casos analizados.
El informe recoge que la Fiscalía Popular Suprema y el Ministerio de Seguridad Pública del gigante asiático aprobaron en junio de 2025 nuevas normas sobre la denominada ‘vigilancia domiciliaria en lugar designado’, un régimen de detención que expertos de la ONU han calificado como una forma de desaparición forzada de facto.
También recuerda que la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) aprobó en abril una revisión de la Ley de Prisiones, aunque CHRD considera que algunas de sus disposiciones permiten prácticas que pueden constituir tortura, entre ellas una mayor utilización del aislamiento.
China ratificó en 1988 la Convención de la ONU contra la Tortura. El informe recuerda asimismo que Pekín aseguró en 2021 al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria que el riesgo de ser sometido a tortura «no existe» en China.
