Organizaciones advierten de “ataques sistemáticos” a la Constitución de la República

Martes 15, Diciembre 2020 - 10:39 AM

En el marco del 37 aniversario de la Constitución, llaman a los cuerpos de seguridad a someterse al orden constitucional.

Diferentes organizaciones civiles advierten que la Constitución de la República enfrenta "ataques sistemáticos”, principalmente provenientes del Órgano Ejecutivo, por lo que llaman a someterse al orden constitucional y que la Sala de lo Constitucional continúe velando por el respeto a la Ley Fundamental de forma oportuna.En el marco de 37 aniversario de la Constitución las organizaciones Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Asociación Acción Ciudadana, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) suscribieron un pronunciamiento al respecto."Actualmente, nuestra Constitución, que manda a poner al Estado al servicio de la persona humana y de la sociedad, enfrenta ataques sistemáticos. El año 2020 ha sido especialmente sombrío, por acciones del Presidente de la República que van desde la militarización de la Asamblea Legislativa, en clara violación a la separación de poderes, regímenes de excepción inconstitucionalmente impuestos, la desobediencia reiterada a sentencias judiciales, la instrumentalización de la Policía para impedir la investigación de la corrupción y una iniciativa ilegítima y peligrosa, proveniente del mismo Ejecutivo, para cambiar la Constitución, sin que haya expuesto claramente lo que le interesa modificar y sin tener facultades para promover dichas reformas”, dice parte del comunicado.Llaman al Ejecutivo "y en particular a los cuerpos de seguridad, que se sometan al orden constitucional que juraron respetar”. Otra conducta que señala fue el ingreso a las instalaciones del Órgano Legislativo con uso de la Fuerza Armada el 9 de febrero de este año.Rodolfo González, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y representante del IIDC, indicó que preocupa una actitud mostrada por el Ejecutivo en el inicio de la emergencia de la pandemia del covid-19 en ataques a la Sala de lo Constitucional. Y enfatizó que la Sala de lo Constitucional es la máxima instancia de control del ejercicio de los poderes públicos para el resto de órganos del Estado. González considera que este tipo de actitudes es una forma de no querer someterse a los controles de la Sala de lo Constitucional. Y que al llamar a sus simpatizantes a no cumplir órdenes judiciales también se pone en riesgo el Estado de Derecho. Javier Castro, de Fusades, también indicó que han observado un "patrón de acciones autoritarias” que se agudizaron desde el 9 de febrero y posteriormente con el manejo de la pandemia del covid-19. Sin facultadesCon respecto al proceso de revisión y reforma a la Constitución que realiza el Gobierno, encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa, las organizaciones no tienen confianza sobre los propósitos del mismo. Añadió que también les genera preocupación que el gobierno dé muestras de reducir al mínimo cualquier tipo de control al poder Ejecutivo. También advierten que hay poca transparencia en el proceso que pretende ser una consulta ciudadana, pero que no se ha explicado de manera suficiente qué se pretende reformar y que es poco representativa. No descartan que el proceso se enmarque de cara a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2021.Las organizaciones llaman a respetar la Constitución y no impulsar reformas que pretendan favorecer un proyecto político en particular.Debilitamiento del IAIPEn el tema del acceso a la información pública y con el último acuerdo de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de dejar de grabar las sesiones del pleno, consideran que es parte de acciones sistemática "para debilitar el derecho de acceso a la información pública”, dijo Javier Castro. Reiteró que es una acción de retroceso, que fija un mal precedente y puede abrir espacio a la opacidad y que no haya rendición de cuentas.