Organizaciones exigen resolución "apegada a derecho" en caso Santa Marta

Organizaciones sociales que siguen de cerca el juicio del caso denominado Santa Marta, donde ocho personas son acusadas del homicidio de una mujer durante el conflicto armado, exigen que finalice con una resolución "apegada al derecho”, el próximo viernes cuando se anuncie el fallo. Este miércoles, la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta manifestaron su apoyo contra los acusados y exigen que el juicio cierre con un resultado positivo para los acusados, ya que recalcan que los líderes comunitarios son inocentes. "Coincidimos que en el único fallo apegado a la legalidad, el debido proceso legal y la aplicación de la justicia es la absolución e inmediata libertad de los defensores ambientales y que cualquier otra resolución sería gravemente ilegal e injusta”, expresaron a través de un comunicado. La representante de Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, Amalia López, aseguró que durante el proceso las acusaciones han sido desmontadas por la defensa y que la Fiscalía General de la República no tiene argumentos sólidos contra los implicados. La vocera del Foro Nacional de Salud, Morena Murillo, mencionó que los acusados se encuentran en las manos de la jueza del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque y así "salvar la democracia del país" y que exista una independencia judicial. "Hemos evidenciado de cómo este delito que se les había imputado queda totalmente desvanecido con todas las pruebas y el procedimiento que se llevó durante los cinco días en Sensuntepeque y nosotros creemos que estamos en manos de la jueza, estamos poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en que ellas todavía puedan salvar la democracia en este país, que exista independencia judicial”, declaró Murillo. Asimismo, exigen que se respete el derecho a la expresión, a la libre organización y defender los bienes naturales del país, "porque las personas que están detenidas son personas que han sido acusadas injustamente y son personas que están defendiendo la vida, los territorios y los ecosistemas”. Ante ello, enfatizaron que la única resolución que pueden emitir las juezas del Tribunal que lleva el caso es la liberación de los acusados y así hacerles "justicia” y que si llegasen a ser condenados sería una "decisión política” y no "judicial”. El pasado martes concluyó la vista pública que se desarrolló durante cinco días, la cual inició el 8 de octubre. Durante los primeros tres días los fiscales y la defensa presentaron sus respectivas pruebas, documentos y testimonios que refuerzan sus argumentos y en los últimos dos, se realizó la presentación de los alegatos finales de ambas partes. De igual forma, miembros de Santa Marta, denunciaron los maltratos de parte de los agentes policiales al momento del traslado de los acusados, especialmente hacia Antonio Pacheco, quien en lugar de ser trasladado a su casa inmediatamente, fue llevado a una delegación de Soyapango, incumpliendo la medida del arresto domiciliario. La Comunidad de Santa Marta ha dicho que la acusación tiene un trasfondo que busca reactivar la minería metálica en El Salvador. En ese sentido, hacen el llamado a "mantener la prohibición de la minería metálica a fin de salvaguardar el medio ambiente, la salud y la vida de las actuales y futuras generaciones”. La Fiscalía acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio por el asesinato de María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, quien habría sido sacada de su casa y torturada antes de su muerte en un campamento guerrillero. Por el presunto crimen, la Fiscalía solicitó al Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque una sentencia de 36 años de prisión para los acusados. El próximo viernes 18 de octubre, se conocerá la decisión de las jueces.