El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, aseguró que el proyecto de ley de justicia transicional que prepara la institución a su cargo surge de la consulta a víctimas del conflicto armado y sus familiares. En una entrevista que brindó Tobar a Diario El Mundo, este señaló que el proyecto de ley de justicia transicional será entregado antes que finalice enero. "Este proyecto surge de la expresión de las víctimas y sus familiares. En el momento que nosotros hicimos una gira nacional para escucharlas, estuvimos en 12 de los 14 departamentos del país con grupos de víctimas y familiares de víctimas, en donde nos expresaron sus perspectivas sobre acceso a la justicia, la verdad y reparación que debe contener esa ley”, acotó Tobar.

Cumplir sentencia.

El titular de la PDDH indicó que el proyecto de ley tiene el objetivo de dar cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. De acuerdo con Tobar, la ley de justicia transicional que están preparando es para que haya claridad en procesos de acceso a la verdad y garantía de no repetición. Diario El Mundo cuestionó si la propuesta de ley contempla algún tipo de conmutación de penas de cárcel, sin embargo, el procurador de Derechos Humanos respondió que "conmutar penas sería promover impunidad, que es lo que nosotros condenamos del proyecto que se aprobó en febrero de 2020”.

Rechazo de victimas.

La noche del 26 de febrero de 2020, diputados de la Asamblea Legislativa del período 2018-2021, aprobaron la Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, a pesar del rechazo unánime de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Mientras que el 28 de febrero de 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele vetó dicha ley. De acuerdo con las víctimas dicha ley implementaba una nueva amnistía que obstruye la investigación y ofrece beneficios penales a criminales de guerra. Pese a que Bukele tildó dicha ley como "una burla, una infamia, una ley asquerosa, una prescripción de delitos de facto”, organizaciones señalan obstaculización en la investigación de crímenes de guerra. El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, no ha entregado los archivos militares de la masacre de El Mozote y zonas aledañas. El juez de Instrucción de San Francisco Gotera en Morazán, Jorge Guzmán, renunció a su cargo por en protesta a una reforma judicial. El año pasado, tras años de solicitar los archivos militares, recibió del Gobierno cinco cajas con fotocopias que, según el juez, no eran pertinentes y ya estaban en su poder. En junio de 2019, Bukele, se reunió con familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote y les prometió reparación de los daños ocasionados por el crimen.

Nueva Ley de Justicia Transicional

Diputados electos para el período 2021-2024 iniciaron consulta de ley de justicia transicional para crear un nuevo marco jurídico. para las victimas.