El nombramiento de Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala de lo Constituicional por parte de la Asamblea Legislativa ayer en la madrugada, mantiene los mismos vicios de ilegalidad que cuando se le nombró en el cargo el 1 de mayo, sostienen representantes de diferentes organizaciones.Marjorie Trigueros, directora de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), sostuvo que la elección de López Jerez "repite los mismos vicios de inconstitucionalidad” en los que la bancada oficialista incurrió desde su traslado y nombramiento el 1 de mayo.El 1 de mayo, los diputados movieron a los magistrados López Jerez y Elsy Dueñas de las salas de lo Civil y Concencioso Administrativo, respectivamente, a la Sala de lo Constitucional. Dueñas terminaba su periodo este 30 de junio pero se le extendió hasta 2027, con lo cual tendrá 15 años como magistrada, aunque la Constitución ordena un periodo de 9 años. López Jerez, sin embargo, concluye en 2024.Para los abogados, estos nombramientos han sido, en la práctica, traslados hacia la Sala de lo Constitucional."Simplemente fue una especie de traslado y elección para seis años y pico más. Eso no cumplió con el proceso de conformidad a la Constitución y la jurisprudencia”, dijo German Rivera, presidente del Centro de Estudios Juridicos (CEJ).La sentencia 19-2012 prohibió que la Sala de lo Constitucional fuera integrada mediante traslados de magistrados provenientes de otras salas."No es posible que la misma sea integrada con magistrados de otras salas”, indica el fallo del 5 de junio de 2012. Esta sentencia indica que la conformación de la Sala de lo Constitucional "solo es posible cuando sus miembros, elegidos previa y directamente por la Asamblea, deban ser sustituidos por haber finalizado los nueve años de su nombramiento”."Tomando en cuenta el mandamiento judicial de la Sala de lo Constitucional legítima, el proceso de imposición de Jerez es ilegal”, dijo Wilson Sandoval, de ALAC-Funde. 

Concentración.

Según Marjorie de Trigueros, directora del Departamento de Estudios Legales de Fusades, la elección produce una concentración de poder que afecta el sistema de frenos y contrapesos."Con la elección de ayer el único contrapeso que quedaba para controlar los abusos de poder como detenciones ilegales que se dieron en la cuarenta, y abusos de destitución inconstitucional de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscalía, se eliminó”, advirtió.

Sin deliberación.

Los abogados critican que el procedimiento no hubo deliberación ni mecanismo de evaluación de idoneidad para los cargos de los magistrados."Eligieron más por afinidad que por capacidad o experiencia, el criterio que prima es el de la afinidad”, dijo Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Univeridad Centroamericana José Siméon Canas (UCA).Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, señaló que no se cumplió el reglamento de la Asamblea que le exigía evaluar a los postulantes. Sostuvo que se tergiversó el procedimiento y no se justificó la idoneidad.Sin baremo.Los representantes de las organizaciones coinciden en que no se cumplieron los requisitos constitucionales de deliberación y razonamiento de la elección de los cinco magistrados."No se conoció que en el proceso de entrevistas los diputados utilizaran un baremo que permitiera estandarizar los ítems a preguntar, pero principalmente no se conocen los resultados de esas entrevistas que permitan saber que los elegidos son quienes mejores cualificaciones poseen”, dijo Saúl Baños, director ejecutivo de FESPAD.Tampoco hubo mayor discusión de perfiles en el pleno. "Ni la Comisión Política, ni el pleno legislativo cumplieron con dichos requisitos, sino que se limitaron a intercambiar listas, buscar coincidencias y votar por nombres, tal como se había hecho en un pasado que tanto ha criticado y del que supuestamente busca distinguirse el partido oficial”, afirmó Trigueros.