Piden a la PDDH que verifique condiciones de los veteranos y excombatientes detenidos por planificar atentados el 1 de junio

Diversas organizaciones sociales, movimientos y colectivos interpusieron este jueves un escrito ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para que intervenga y verifique las condiciones en las que se encuentran los veteranos y excombatientes detenidos el pasado 31 de mayo, acusados de planificar atentados en la toma de posesión de Nayib bukele. La representante del Comité de Presos y Presas Políticas de El Salvador (Cofappes), Ivania Cruz, aseguró que tras la "captura engañosa y la fabricación de un caso", los detenidos estarían siendo vulnerados de derechos fundamentales que la procuradora Raquel Caballero debe de verificar. Cruz solicita que Raquel Caballero de Guevara delegue un equipo para verificar las condiciones en las que se encuentran los detenidos José Santos Melara Yánez, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. Cruz asegura que los detenidos no son apologistas de actos de terrorismo, y que son víctimas del Gobierno que intenta criminalizar los trabajos de las organizaciones a la que ellos pertenecen. "Estos compañeros son líderes, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, en el cual obviamente se les está fabricando un caso...denunciando esta situación de delitos que estas personas no han cometido, no son delincuentes, ni son apologistas de actos terroristas como obviamente este Gobierno intenta ver y criminalizar el trabajo de las organizaciones sociales", sostuvo Cruz. Cruz aseguró que actualmente al no existir una acusación formal de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los hechos acusados ni una detención formal, estarían en una calidad de "secuestro" ejecutado por el Estado. Dijo que se les está violentado derechos como "a ser tratado humanamente y dignidad", "a la libertad personal" y "al honor e integridad". "Desde ya responsabilizamos al Estado salvadoreño por la vida de estas personas que está amenazada al no cumplir con sus derecho a la salud, decir que todas estas personas la detuvieron de forma engañada", dicen de forma conjunta las organizaciones, colectivos y movimientos sociales. El escrito presentado a la procuradora Raquel Caballero de Guevara fue firmado por organizaciones como la Alianza Nacional El Salvador en Paz, Asociación de Veteranos de Guerra, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Comité de Familiares de Presos y Presas Políticos de El Salvador, Colectivo de Derechos Humanos "Gerber Anaya", Colectivo de Veteranos y Veteranas de Santa Marta, Colectivo Universitario por la Democracia, Movimiento de Familiares Víctimas del Régimen de Excepción, Movimiento de Despedidos y Socorro Jurídico. Los veteranos y excombatientes son acusados por la Policía Nacional Civil (PNC) de ser "financistas" de los planes de un grupo llamado "Brigada de Insurrección Salvadoreña" y que "sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas", con "explosivos con temporizadores".