Piden al Estado salvadoreño restablecer garantías constitucionales

Cuatro organizaciones civiles estadounidenses pidieron al gobierno salvadoreño este martes restablecer las garantías constitucionales suspendidas en el marco del régimen de excepción impuesto por el Ejecutivo con el aval del Legislativo desde el pasado 27 de marzo. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group (LAWG), la Fundación Internacional de Seattle (SIF) y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) llamaron al estado salvadoreño a implementar una política de prevención de la violencia en lugar de optar por la mera represión. Las organizaciones hicieron eco de las numerosas denuncias de atropellos a derechos humanos y arbitrariedades de las autoridades y señalaron que las prácticas de estas estigmatizan a residentes de comunidades y personas de la clase trabajadora "sometiéndolas a un sistemático acoso, intimidación, amenazas, robos y extorsiones", basándose en testimonios recogidos por organismos civiles y medios de comunicación salvadoreños. Además, critican la celebración de audiencias exprés en las que desde el poder judicial se vulnera el derecho a un debido proceso. De igual forma alertan de una eventual crisis humanitaria en las cárceles debido al hacinamiento, la sobrepoblación, la precaria alimentación y el acceso limitado a la sanidad que se suman a las denuncias de torturas y la muerte de reos bajo custodia de las autoridades. Respetar la Constitución, revisar los casos de capturas arbitrarias y reparar el daño moral y material a familias y víctimas de arbitrariedades son algunos de las peticiones de las organizaciones norteamericanas al estado salvadoreño. La madrugada del 27 de marzo, los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron un régimen de excepción bajo el que se suspendieron por 30 días los derechos a la libre de asociación, a la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones, al derecho de defensa y extendieron el plazo máximo de la detención administrativa de 72 horas. Lo anterior como respuesta a una ola de violencia homicida atribuida a las pandillas que dejó 87 muertos en tres días. El régimen de excepción, extendido en dos ocasiones por los diputados a petición del presidente Nayib Bukele, y que deja ya más de 40,000 detenciones según cifras gubernamentales se ha visto marcado por denuncias de vulneración de derechos humanos.