Procurador propone 6 condiciones que podrían dosificar penas de delitos de guerra

La aplicación del Código Penal de la época en que se cometieron los crímenes de guerra y del actual Código Procesal Penal, con la posibilidad de que los jueces especiales puedan "dosificar" las penas, propuso hoy a los diputados de la Comisión de Justicia el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio Tobar. El procurador propuso que los juzgados y las cámaras especiales tomen en cuenta estos seis aspectos para dictar las penas:

1. Gravedad de la conducta sancionada.
2. Nivel de participación.
3. Reconocimiento expreso de responsabilidad y participación de los hechos y la prontitud con la que se haya logrado.
4. Compromisos en materia de reparación de las víctimas y garantía de no repetición.
5. Petición de perdón en términos de la ley.
6. Colaboración de modo determinante a ubicar el paradero de las víctimas.

El funcionario aclaró que esta disposición no quiere decir que se van a "reducir" las penas "a la mitad" o "un cuarto" y que tampoco "se va a sustituir" la pena. Explicó que el proceso de justicia transicional en Colombia tenía tres niveles de imposición de la sanción privativa de libertad: una, cuando los imputados participaban completamente en el esclarecimiento de la verdad desde la denuncia; dos, cuando los imputados no participan durante todo el proceso pero sí al final; y tres, cuando no participan en ningún momento en esclarecer la verdad y se considera responsable. En la Comisión, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) opinó que la legislatura 2018-2021 aprobó una ley de "impunidad absoluta". El 28 de febrero de 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele, vetó hoy la polémica Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional aprobada por diputados de Arena, PCN y PDC, tildando la normativa de ser una burla y una infamia, además de asquerosa. "Esta ley tuvo su fin el día de hoy. Ahora entran en desacato, otro desacato más, imagino que pedirán una prórroga (...) Emitimos un veto sustentado de muchas páginas (...) No puedo ser cómplice de una ley inconstitucional”, expresó el mandatario. Tildó la normativa como "una ley tan asquerosa como la anterior pero le han puesto una gragea de chocolate”, la llamó "última infamia de la Asamblea Legislativa”. El mandatario criticó que la normativa daba un plazo imposible de cumplir a la Fiscalía para investigar los delitos y que violaba los convenios internacionales. La normativa vetada permitía archivar las denuncias que no tuvieran resultados en sus investigaciones durante un plazo de 12 meses y permitía la conmutación de penas.