Programan audiencia de extinción contra bienes del exfiscal Luis Martínez
Viernes 05, Enero 2024 - 3:35 AM
El proceso de extinción de dominio es contra seis inmuebles y siete vehículos, que estarían ligados a investigaciones por delitos de lavado de dinero.
Para el próximo 2 de febrero, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de San Salvador programó la audiencia preparatoria contra los bienes del exfiscal general, Luis Martínez, y del exgerente de la Fiscalía General de la República, Mauricio Yánez Morales.
"La audiencia preparatoria estaba para el 15 de enero, pero se reprogramó para el 2 de febrero”, confirmó una fuente ligada al caso.
Al exfiscal Luis Martínez, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía le inició un proceso de extinción en 2018, contra seis inmuebles y 7 vehículos, que estarían ligados a investigaciones por delitos de lavado de dinero, peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio y falsedad documental, ligadas por el caso denominado "Corruptela”.
Dos de los inmuebles que están bajo medidas cautelares, se ubican en la residencial Joyas de Las Piletas, en Nuevo Cuscatlán y en la finca Alicante de Comasagua. Otros cuatro inmuebles están en el Barrio San Miguelito de San Salvador, en Santa Ana, y en Santa Elena, de Antiguo Cuscatlán.
De igual forma, siete vehículos a nombre del exfiscal, que supuestamente fueron entregados en concepto de dádivas de los empresarios Enrique Raid y Hugo Blanco Rais.
En el caso del exgerente de la Fiscalía en el periodo de Luis Martínez, el proceso de extinción de dominio es en contra de dos de sus viviendas, por un supuesto incremento patrimonial de $229,911.36.
Los bienes incautados están ubicados en Antiguo Cuscatlán y en Tepecoyo, ambas en el departamento de La Libertad. Todos los bienes de los afectados están bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).
En el proceso de extinción de dominio están también los bienes de José Dolores Zelaya Mendoza, quien era el gerente de Recursos Humanos de la Fiscalía. Los dos exgerentes, supuestamente, recibían el 80 % del dinero sustraído para consultorías que nunca se realizaron, el otro 20 % era para las personas que se prestaron a dicho plan, según el requerimiento fiscal.