Reforman ley contra crimen organizado y establecen obligaciones a operadoras

Jueves 27, Octubre 2022 - 4:00 AM
Los diputados señalaron que las reformas van dirigidas a pandilleros y otros grupos delictivos de crimen organizado.

Ley regula disminución de las penas para imputados que confiesen o colaboren en los casos de crimen organizado.

Las reformas aprobadas este miércoles a la Ley contra el Crimen Organizado y a la Ley de Telecomunicaciones regulan beneficios a miembros del crimen organizado que den información sobre estas redes y obligan a las operadoras de telecomunicaciones a dar información a la Fiscalía General de la República. La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado fue aprobada con 66 votos, de Nuevas Ideas, Gana, PCN, PDC, Donato Vaquerano y Yesenia Orella, ambos exareneros; y recibió los votos en contra de: Marleni Funes y Jaime Guevara, del FMLN; la diputada Claudia Ortiz, de Vamos; y el diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada con 64 votos de Nuevas Ideas, Gana, PCN, PDC y la diputada exarenera Yesenia Orellana. Ni Arena ni los diputados Donato Vaquerano y Carlo Reyes votaron. Los cuatro diputados del FMLN y Nuestro Tiempo votaron en contra de esta reforma.

Menores penas para confesos.

La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado regula los procesos abreviados para los imputados de crimen organizado si confiesan los delitos señalando a los copartícipes y cómplices de los mismos. Estos procesos abreviados suponen una pena disminuida que se detalla en la reforma y no se encontraba en la ley. La pena otorgada en estos procesos abreviados para los confesos irán, según la reforma, desde la cuarta parte del mínimo de la pena si lo autoriza el fiscal general hasta la pena completa en un centro de seguridad media o mínima diferente del resto de partícipes de la organización y con "condiciones adecuadas para su readaptación”.

Fiscal podrá prescindir de acusar.

La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado también permite que el fiscal general pueda prescindir de la persecución penal de uno o varios delitos imputados, si los acusados dan información "eficaz y útil para probar la participación de los miembros de la organización delictiva”. La reforma indica que la pena solicitada no puede ser menor de la mitad del mínimo que le correspondería, pero con una excepción: "a menos que exista autorización expresa del fiscal fiscal” con las justificaciones.

Menores.

La reforma abre la posibilidad a que menores y adultos sean juzgados en el mismo tribunal de crimen organizado. "Cuando en ocasión del conocimiento de un caso concurran adultos y menores en calidad de procesados, el juzgamiento estará a cargo de dos jueces, uno con competencia para adultos y el otro para los menores, quienes en tales casos conocerán conjuntamente”, indica.

Telefónicas tienen 180 días.

Las operadoras estarán obligadas expreamente a entregar "toda la información requerida por la Fiscalía” sobre datos de registro de la línea o de las líneas telefónicas investigadas, registros de llamadas durante un periodo, datos del origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica y otros. También deberán tener soluciones técnicas para identificar a los originadores de la llamadas en el marco de la investigación de un delito, en todos sus usuarios. La información que tengan deberá ser almacenada en "servidores locales”. La reforma aumentó la multa por no cumplir esta disposiciones: de 37 salarios mínimos aumentará a un rango entre 500 y 1,000 salario mínimos, es decir, hasta $365,000 por infracción.

Las dos reformas en síntesis

La ley actual define crimen organizado como grupo de 2 o más para cometer uno o más delitos. 1.- Definición de crimen organizado Grupo o grupo por tres o más personas que existan durante cierto tiempo y actúen con el propósito de cometer delitos. 2.- Procesos abreviados La Fiscalía puede promover procesos con penas disminuidas o incluso prescindir de la acusación si la información por el acusado recibida es eficaz. 3.- Telefonía Deberán cumplir nuevas obligaciones para informar de su usuarios a la Fiscalía General de la República en las investigaciones que realice.