El presupuesto para la administración de centros penales aumenta en 26 % en el año 2026 después del refuerzo de $30 millones recibido en septiembre pasado, alcanzando los $154.4 millones, luego de cerrar en $128.6 millones en agosto el presupuesto programado para ese rubro. Para 2027, se han programado $128 millones.

El aumento ocurre después de la leve reducción interanual reportada al cierre de 2025 de un 26 % hacia $121.8 millones.

El gasto carcelario, sin embargo, aún no logra estabilizarse, ya que el monto previsto para el presente año triplica el presupuesto carcelario devengado de 2018 y aproximadamente duplica los presupuestos devengados entre los años 2019 y 2022.

En los primeros ocho meses del año, que cubren un 66 % del año, Centros Penales ha ejecutado 88 % de su presupuesto.

Hasta agosto, la unidad presupuestaria 07 Administración del Sistema Penitenciario 2026, tenía programado un presupuesto de $128,628,160, de los cuales ha devengado $110,262,844.86.

En esos primeros ocho meses, sin contar el refuerzo de $30 millones, el presupuesto programado sufrió una reducción de $4,202,856.89 para terminar con un presupuesto programado modificado de $124,425,303.11, de los cuales se han comprometido ya $112,125,958.49.

En los primeros ocho meses, la ejecución del gasto en el rubro penitenciario ha llegado a un 88.6 % del presupuesto disponible este año, un 22 % arriba de un cálculo proporcional a los ocho meses.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda “Aspectos principales de la ejecución presupuestaria de gastos 2026”, se han devengado $111.7 millones para la administración del sistema penitenciario “a efecto de apoyar la reintegración de la población privada de libertad”.

En septiembre de 2025, el área penitenciaria fue reforzada con $10 millones para alimentación de privados de libertad.

Este año 2026, también en septiembre, el refuerzo fue de $30 millones para “garantizar una gestión eficiente en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad, dándole cumplimiento a las condiciones mínimas de detenciones”. Los fondos provinieron de un saldo de títulos valores aprobados en 2025 y colocados por hasta $344 millones.

El aumento mayor ocurrió en 2024, cuando el presupuesto carcelario llegó a los $165.5 millones, su punto más alto, luego de triplicarse respecto al gasto penitenciario de 2018.

Presupuestos programados y modificados del sistema penitenciario salvadoreño

• Año 2018: de $44.6 millones a $53.6 millones.
• Año 2019: de $48.3 millones a $63.3 millones, aumento de 18 %.
• Año 2020: de $68.7 millones a $84.8 millones, aumento de 34 %.
• Año 2021: de $70 millones a $85.1 millones, aumento de 0.4 %.
• Año 2022: de $53.8 millones a $71.5 millones, disminución del 16 %.
• Año 2023: de $57.6 millones a $138.5 millones, aumento del 93.7 %.
• Año 2024: de $71.2 millones a $165.5 millones, aumento del 19.5 %.
• Año 2025: de $72.4 millones a $121.8 millones, disminución del 26.4 %.
• Año 2026: de $128.6 millones a $124.4 millones hasta agosto. Se aprobó el 9 de septiembre un refuerzo de $30 millones en septiembre por lo que el presupuesto aumentaría a $154.4 millones según el decreto 652. Aumento del 26.8 %.
• Año 2027: de $128.6 millones (proyecto de presupuesto 2027). Disminución prevista de 16.7 % si el presupuesto no es reformado posteriormente.

Los cálculos no toman en cuenta los fondos asignados a la unidad presupuestaria “08 Administración del sistema penal juvenil”, cuyo presupuesto programado ascendió a $3 millones y al cual se le ha recortado $36,980, para dejarlo en $2.97 millones. Se devengaron $1.3 millones en ocho meses.

Para el año 2027, se prevé un presupuesto de $128,628,160 para la unidad presupuestaria 07 Administración del Sistema Penitenciario y $3,012,490 para la unidad presupuestaria 08 Administración del Sistema Penal Juvenil. Además, se incluyen $1,500,000 en 14 Desarrollo de la Inversión para la Reinserción y Rehabilitación.

En El Salvador la administración carcelaria está estrechamente vinculada con el régimen de excepción aplicado a partir del 27 de marzo de 2022. Un 80 % de las personas en las cárceles son personas procesadas o condenadas por vínculos a pandillas, y un 20 % por delitos comunes según cifras oficiales divulgadas por la Presidencia de la República.

En total son 120,956 presos, 96,457 vinculados a pandillas y 24,499 reos comunes.

De los 96,457 detenidos vinculados a pandillas hay 42,125 «homeboys» o miembros de pandillas; 25,910 chequeos, postes, gatilleros y otros miembros «no brincados»; 17,793 «paros» o colaboradores habituales o permanentes de pandillas; y 10,629 colaboradores no habituales de pandillas.

Entre los reos comunes, 3,902 están procesados o condenados por homicidio, 3,571 por violación y 17,026 por otros delitos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han dicho que los pandilleros nunca volverán a salir de las prisiones aunque un informe oficial de la Fiscalía reveló que el 79 % de los pandilleros que han sido condenados recibieron penas menores a los 45 años de prisión y que 13 de ellos recibieron cadena perpetua. Han sido condenados, según cifras fiscales, 10,561 pandilleros durante el régimen de excepción. Bukele, por su parte, ha dicho que no todos los delitos en el país van a tener una condena infinita.

Desde abril de 2026, El Salvador tiene vigente la cadena perpetua para el delito de pertenencia de pandillas, homicidios y violaciones, aunque puede bajar hasta 10 años de prisión con autorización fiscal.