Sala admite demanda contra gobierno por despido de militar con insuficiencia renal

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de amparo 335-2021 contra el presidente de la República, Nayib Bukele, en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada, y contra el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, por la destitución del infante de marina Jonathan Villalta, quien padece insuficiencia renal crónica. Los magistrados firmantes, Elsy Dueñas, Luis Javier Suárez Magaña, Héctor Nahún Martínez y el magistrado suplente Óscar Canales Cisco, argumentan que la admisión se debe a que, según el interesado, "las autoridades habrían quebrantado sus derechos de audiencia y defensa, igualdad, petición y a la estabilidad laboral” y la destitución se basó según la demanda "en la aparante discriminación” por una enfermedad renal crónica. La Sala, que aún no ha emitido sentencia, explicó que si bien se alegó violación a derechos a la vida y la salud, "la situación planteada se refiere más bien a la presunta transgresión de los derechos de audiencia y defensa”, así como "igualdad, petición y a la estabilidad laboral”. Por ello consideró que conocerá la demanda pretendida respecto a la vulneración de estos derechos mencionados.

Sin medida cautelar.

Los magistrados rechazaron suspender o revocar la destitución como medida cautelar, ya que consideró que esta fue notificada el 13 de julio de 2021 y "no se observa que exista un efectivo peligro en la demora”, ya que la afectación ya se "habría consumado”. La resolución declaró improcedente la demanda contra el jefe del Departamento de Personal de la Fuerza Naval del Ministerio de Defensa Nacional porque actuó "únicamente como mero ejecutor del acto cuestionado”. La admisión fue emitida el 3 de febrero de 2023.

La demanda.

El demandante sostiene que el jefe del Departamento de Personal de la Fuerza Naval le informó que quedaba cesado en funciones como marino, "que por ser paciente renal ya no servía a la institución estatal como militar” y le anunció un memorando al Hospital Militar para que se le dejara de proporcionar hemodiálisis. La orden de baja número 212 se hizo efectiva a partir 1 de agosto de 2021. El infante de marina alega que recurrió el 21 de julio de 2021 al ministro de la Defensa y el 29 de julio de 2021 al presidente de la República, aunque no ha recibido respuesta. El militar, quien añade en la demanda le negaron hemodiálisis en el Ministerio de Salud, y pide una indemnización de $2 millones.