Milagro de Peña, una de las dirigentes de las organizaciones que piden a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley de justicia transicional, perdió a toda su familia durante la guerra y dice esperar justicia.
Junto a su madre, quien había perdido a dos hermanos en la masacre contra la manifestación de estudiantes el 30 de julio de 1975, fundaron el Comité de Madres "Monseñor Óscar Arnulfo Romero”. Tenía siete años.
Su madre sufrió torturas en los años ochentas, según ella, por elementos de la Guardia Nacional, pero continuó siendo parte del Comité junto a las madres de otros estudiantes hasta que falleció en 1996.
"En 1981, uno por uno, fueron asesinando a mi familia. Solo quedó mi mamá y mi persona y un hermanito que lo mataron después de los Acuerdos de Paz”, recuerda así la muerte de seis hermanos, originarios de San Carlos Lempa, Morazán.
¿Quién fue?
Milagro no sabe quiénes mataron a sus hermanos. A uno lo llegó a traer la Guardia, dice, al otro lo mataron en una emboscada.
Se le ponen brillosos los ojos mientras piensa en cómo responder si tiene esperanza de conocer la verdad. "Esa es mi lucha, saber la verdad, la justicia, la reparación, porque es duro quedarse sin familia, saber que el Gobierno, el Estado, me los quitó”. No duda en pedir cárcel para quienes hayan sido los culpables.
Ella sostiene que sus hermanos no eran guerrilleros. La violencia que sufrieron, según ella, fue porque su madre empezó a reclamar por la desaparición de sus hermanos asesinados en la masacre de estudiantes de 1975.
"Mi mamá gritaba en las calles en las manifestaciones pidiendo a sus familiares con otras madres”, dice.
Cuarenta años después, sigue reclamando y ayer llegó nuevamente a la Asamblea Legislativa, donde ya compartió su testimonio el 14 de febrero de 2022. ¿Fue escuchada? "Esperamos que sí”, dice. Torturado.
Junto al grupo que reclama a los diputados el estudio de su proyecto de ley de justicia transicional, también se encuentra Rafael Segura, un hombre de 60 años, miembro del Comité de Presos Políticos de El Salvador.
Segura es sobreviviente de crímenes ocurridos durante la guerra. Era un estudiante de bachillerato del Liceo Centroamericano e integraba el Movimiento de Estudiantes Revolucionarios de Secundaria (MERS) cuando fue capturado el 30 de julio de 1981 en el cantón Plan del Pino, Ciudad Delgado. "Uno peleaba por que la cuota social no se pagara, el Estado había decretado que 10 colones se pagaran, entonces, me metí para pelear la abolición de esa cuota. Eso no es un delito”, responde.
Recuerda que sufrió tortura durante 10 días y posteriormente estuvo preso 2 años, 3 meses, 23 días y 11 horas.
¿Quién lo torturó? "Yo estaba vendado, tenía 21 años. Solo sé que fue en el cuartel de la Guardia Nacional, en la Aviación, en la Policía de Hacienda”, recuerda. "Primer caso de tortura”.
La tortura de Rafael Segura es el primer caso de tortura que, según el sobreviviente, ha tomado la Fiscalía General de la República luego de que se declarara inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz en 2016.
"El primer caso de tortura. A seis años de haber puesto mi denuncia aún sigo esperando que se judicialice”, dice.
Ahora aparece nuevamente pidiendo la aprobación de una ley de justicia transicional a la Asamblea Legislativa. Él dice que quisiera saber por qué lo encarcelaron y no cree que se trate de ojo por ojo pero dice "la ley así es”.
El camino de la Ley de Justicia Transicional en El Salvador
La Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz fue aprobada en 1993 poco después de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, en sustitución de la Ley de Reconciliación Nacional aprobada en 1992.
Julio 13 de 2016
Sala de lo Constitucional declara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que decretaba amnistía absoluta para todos los crímenes.
Febrero 26 de 2020
La Asamblea aprueba la ley de justicia transicional, que permitía la sustitución de la prisión. Fue vetada por el presidente Bukele.