A sus 55 años, María Marroquín debería estar tramitando el proceso para obtener su pensión, pero la vida laboral de esta salvadoreña la ha orillado a que ese solo sea un sueño. Su preocupación diaria se centra en seguir con la venta de tortillas en un puesto propio para continuar subsistiendo.
Marroquín reconoce que no tener acceso a una pensión no es sinónimo de estar alejada de la vida laboral, ya que desde los 12 años la faena de sembrar caña bajo el incandescente sol, abonar y cortar cañales fueron parte de los oficios que aprendió para apoyar a su madre, Marta Marroquín.
En ese momento, la salvadoreña ingresó a las clases nocturnas con el sueño de superarse. “La mente mía no sirvió”, bromea Marroquín al recordar que tuvo que dejar de estudiar para salir adelante junto a su familia.
Marroquín fue la decimocuarta hija de 16 hermanos, todos apoyados, en parte, por la pensión que su mamá recibía tras la muerte de su padre, pero que no alcanzaba a cubrir todos los gastos de la casa.
La salvadoreña dedicó una década a los trabajos del campo hasta que se casó. Durante varios años se centró en el cuidado del hogar y de sus cuatro hijos.
Sin garantía de pensión.
Por azares de la vida, Marroquín tuvo que volver a trabajar y los últimos 20 años ha mantenido un puesto de tortillas en su hogar, en Aguilares, San Salvador.“Antes se vendía un poquito, pero hoy uno va pasando”, reconoció al recordar que las ventas han cedido desde los últimos 10 años.
Cuando las ventas “eran buenas”, hace una década, Marroquín tuvo que destinar todos sus ingresos en alimentar a sus hijos y pagar los gastos del hogar.
“La verdad es que donde me pagaba el dinerito la gente que me debía, yo iba a comprar los víveres de la casa, no podía ahorrar”, lamentó.
Ahora que sus tres hijos tienen sus propias familias y no debe alimentar a nadie más, Marroquín asegura que la ganancia del día la destina en comprar insumos, sal, azúcar, aceites y otros productos del hogar, así como para el pago de los recibos de agua y luz.
“Trabajaré mientras Dios me tenga con vida, sobreviviendo”, aseguró con una sensación de resignación.
Informalidad.
Mantenerse lejos de un trabajo formal fue la sentencia para que Marroquín esté consciente de que nunca podrá acceder a una pensión en su vejez.La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) estima que solamente el 14 % de las personas en edad de jubilación recibe una pensión en El Salvador.
El economista y catedrático, Mario Montesino, explicó que uno de los factores por los que muchas personas no tienen acceso a una pensión es la baja participación de la población económicamente activa (PEA) como cotizantes en el sistema previsional.
"En la actualidad, solo el 25 % de la PEA cotiza al sistema de pensiones. Mientras ese coeficiente se ha mantenido así desde que se instaló el sistema basado en las AFP, la cantidad de pensionados ha venido en aumento”, indicó Montesino.
El catedrático recordó que, aunque en el país los trabajadores informales pueden cotizar en el sistema previsional por su cuenta, este sector poblacional se caracteriza por la baja productividad y los bajos ingresos, que coartan a los salvadoreños de ahorrar.
“Las opciones son las de siempre, para aquellos que no se encuentran en las AFP, esto es, los apoyos familiares, remesas y las transferencias del estado”, indicó Montesino.
El economista Rafael Lemus concuerda con la postura de que ahorrar es inimaginable para muchas familias, más aún cuando el 70 % del empleo en el país es informal o son subempleos sin paga.
Lemus explicó que para aquellos que cotizan, pero que no obtienen una pensión, el antecedente puede variar desde aquellos que no lograron sumar los 25 años de aportes que exige la ley, o que, por otro lado, el empleador "no le aportó el dinero” al colaborador durante los años trabajados.
La clave para garantizar el acceso a una pensión digna, según Montesino, se basa en que, por parte del Estado, se impulse una estrategia de desarrollo y elevado crecimiento económico, al mismo tiempo que se desarrolla una reforma tributaria con una política fiscal del gasto público y la inversión social.
Estas acciones podrían elevar los cotizantes de la PEA, con el objetivo de alcanzar los 16 cotizantes por pensionado.