Vigente pena de hasta 15 años de prisión a quienes obstaculicen candidaturas legales

La reforma al Código Penal que castiga con penas de prisión de 10 a 15 años la obstaculización de la inscripción de candidaturas cuando estas cumplan requisitos establecidos en las leyes fue publicada en el Diario Oficial del 16 de febrero pasado y, por tanto, está vigente desde el 24 de febrero pasado. La publicación del decreto 649 fue subida este martes en el sitio web de la Imprenta Nacional. La reforma al artículo 295 aumenta las penas de prisión para el delito de "fraude electoral", en el cual se agregó la conducta de obstaculización a la inscripción de candidaturas que cumplan los requisitos de ley. Antes de la reforma, el fraude electoral era castigado con penas entre 4 y 6 años de prisión, e incluía otras conductas como votar sin tener derecho o alterar el registro electoral. Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de la Acción Ciudadana (AC), es una reforma con una "intención de intimidación para magistrados del TSE (Tribunal Supremo Electoral), ciudadanía en general, miembros de partidos, que intentaran limitar o impugnar la candidatura" posible del presidente Nayib Bukele, quien manifestó su interés por la reelección el pasado 15 de septiembre de 2022. El decreto 649 fue aprobado el 18 de enero de 2023 por la Asamblea Legislativa y enviada a publicar por el presidente Bukele seis días después, el 24 de enero de 2023. Otras novedades de la reforma sobre fraude electoral son: Creación del delito de "casos especiales de fraude electoral”: acceder o ayudar a ingresar al sistema informático electoral para alterar su información tendrá penas de 15 a 20 años de prisión. Creación del delito de "atentados contra el derecho de sufragio” o ralentarizar un sistema informático electoral mediante solicitudes de ingreso masivas, será castigado con penas entre 10 y 15 años de prisión. El delito de "casos especiales de fraude electoral” tendrá penas entre 20 y 30 años de prisión si el implicado es miembro de maras o pandillas o de cualquier estructura del crimen organizado. La reforma añade como agravantes si la persona involucrada es funcionaria, empleado o prestador de servicio, la sanción aumenta en 6.6 años. Si el involucrado comete el delito de "casos especiales de fraude electoral” mediante amenazas, engaños, dádivas, promesas o cualquier otro beneficio, la pena aumenta más de seis años adicionales. Delito de "comisión por omisión de informar” a las autoridades: el delito ya existente se aplicará los delitos relacionados al sistema informático electoral.