Pero así de peligroso como es no tener Sala de lo Constitucional, también lo es elegir a magistrados que no tengan la probidad, independencia y capacidad para desempeñar sus cargos. Entre los nombres que han circulado públicamente, hay personajes que realmente uno no entiende cómo pueden ser siquiera considerados por las fracciones legislativas.
Es evidente que algunos de ellos han ofrecido hasta plazas a los partidos políticos para ser elegidos y otros han jurado lealtades partidarias e individuales en la Asamblea. En ambos casos, sería una desgracia elegir ese tipo de magistrados, sería un retroceso catastrófico para el país y ya sabemos lo que sucede cuando la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia es controlada por grupos políticos o económicos.
Como ciudadanos debemos señalar y advertir la enorme responsabilidad de los 84 diputados hacia elegir correcta o incorrectamente a los magistrados. Conocen suficiente de la trayectoria y afinidades de los 30 candidatos como para salir con el cuento que “no sabían” de sus antecedentes. El país no se puede dar el lujo de “errores” deliberados fruto de pactos bajo la mesa y reparto de cuotas partidarias. Intentar prolongar las fracciones legislativas en la Corte Suprema de Justicia sería doblemente grave y nos conduciría a situaciones muy delicadas como las que viven Honduras y Nicaragua, donde la justicia se manosea y se manipula por la voluntad del gobernante de turno.
Tomemos conciencia que es un gran riesgo el que corremos.