El Estado de Derecho es garantía fundamental para una sociedad democrática, para que se respeten los derechos y libertades de los ciudadanos, independientemente de su condición social, afinidad política, religión o raza. El Salvador ha sufrido mucho para alcanzar un nivel aceptable de Estado de Derecho -con todo y sus defectos- pero hay que preocuparse por las amenazas que se ciernen.

Usualmente las amenazas al Estado de Derecho vienen de proyectos políticos, caudillos o gobernantes que se encaprichan y creen estar por encima de la ley y creen que pueden violar la Constitución, las sentencias y pisotear a quien sea por esos caprichos. Lo vemos actualmente en Nicaragua con Ortega y con Jimmy Morales en Guatemala. Sin eximir a Juan Orlando Hernández en Honduras.

El Secretario General de Naciones Unidas definía en 2015 el Estado de Derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal”.

Habrá que preguntarse si los aspirantes a ser presidente de la República tienen clara esa definición del Estado de Derecho y preguntarnos como sociedad cuales de esos proyectos políticos son garantía del mismo o por el contrario, constituyen una amenaza para la sociedad en su visión y en la práctica futura. Los peligros están a la vista.