El presidente Nayib Bukele anunció en septiembre del 2021 que se preparaba una reforma que se entregaría un mes después. Tras consultas con sindicalistas y otros actores, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha insistido en varias ocasiones que el anteproyecto está en manos de Bukele quien decidirá cuándo se presentará a la Asamblea Legislativa.
La administración de Bukele ha dicho que está a punto de presentar un proyecto de ley de reforma de pensiones al Congreso, sin embargo, no ha ocurrido nada, como el acuerdo incompleto del FMI y el bono de bitcoin”.
La institución señaló que, si se concreta, “creemos que relajará la restricción financiera temporalmente”. Aseguró que el Ministerio de Hacienda ha mencionado que el Gobierno obtendría $590 millones de financiamiento de la reforma previsional en el primer año, sin embargo, agregó, el “gran problema” es que no se han explicado los detalles de manera pública.
Para el banco, hay dos opciones para conseguir ese financiamiento: la primera es obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a invertir los recursos bajo su custodia en valores del Gobierno.
“Esto difícilmente puede llamarse una reforma”, así que la institución cree que se puede complementar con otras acciones como incluir pensiones solidarias, subsidios cruzados para personas de altos ingresos y mayores aportes de los empleados.
La segunda opción que ve el banco es que el Gobierno decida desviar los aportes previsionales de las AFP al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), una transacción que crearía un espacio de transición de superávit (más ingresos que gastos) en el sistema de pensiones público.
La Superintendencia del Sistema Financiero (ISSS) reporta que a julio pasado los aportes de las AFP fueron de $1,127 millones, equivalente a un 3.6 % del Producto Interno Bruto (PIB). “La nacionalización implicaría expropiar todo este flujo de ingresos”, aunque las contribuciones a la seguridad social son clasificados como "ingresos en la contabilidad del sector público”.
Sin embargo, el BoFA considera que la reforma “no necesita ser tan radical”, por lo que una opción “más apetecible” para el Gobierno podría ser desviar solo una fracción de las contribuciones. Por ejemplo, las personas que ganan hasta tres salarios mínimos podrían migrar sus aportes al ISSS, quien sería responsable de pagar sus pensiones con beneficios definidos.