El presidente de la institución, Federico Anliker, indicó que se analiza la parte técnica aeronáutica y los permisos internacionales para el establecimiento de la terminal.
“Estamos hablando con aerolíneas para que sean nuestros clientes, y puedan operar, y lo importante es que vamos caminando y yendo por el rumbo correcto”, añadió el funcionario.
Anliker también informó que el aeropuerto, que se ubicará en el cantón Loma Larga, en el municipio de La Unión, será construido por fases.
El funcionario recordó que durante la pandemia se realizaron los estudios de prefactibilidad, factibilidad, geotécnicos y de reasentamiento.
El Aeropuerto del Pacífico es uno de los proyectos insignia que la Administración de Nayib Bukele prometió desde la campaña electoral, sin embargo, el año pasado un grupo de propietarios de tierras de los caseríos Condadillo y Flor de Mangle, La Unión, aseguraron no estar de acuerdo con la construcción.
A cuatro meses del descontento social, Anliker aseguró que unas 52 familias, que habitan en el área designada para construir el proyecto, están “sumamente contentas” porque se les ha dado “una opción mucho más digna” para habitar.
Millones previos a la primera piedra.
Los cimientos del nuevo inmueble aún no han sido colocados, pero detrás del proyecto ya se han generado asignaciones millonarias por parte del Gobierno.En junio del 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformar la Ley de Presupuesto 2022 para incorporar $12 millones al ramo de Obras Públicas y Transporte, y ejecutar la primera fase del aeropuerto.
A esto se suman otros $6.3 millones que el Ministerio de Hacienda solicitó al Órgano Legislativo para destinar el monto a gastos previos de construcción.
En abril pasado, el Gobierno pidió leyes para la construcción del aeropuerto y del tren del Pacífico. Ambos anteproyectos se delegaron al Ministerio de Obras Públicas y a CEPA para la ejecución y la adquisición de inmuebles.
Las normativas permiten a las entidades estatales no aplicar la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP), así como el poder de expropiar terrenos en caso de no lograr acuerdos.
En enero, abogados de Cristosal presentaron demandas de inconstitucional ante la Sala de los Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerar que estas medidas favorecen a la corrupción, y entorpecen los mecanismos de transparencia y concursos de contrataciones.