La resolución emitida por este comité se plasma en las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en la reunión 351, celebrada en junio pasado.
Este año se abordaron dos casos salvadoreños por parte del comité sindical, bajos los números de expediente 2,923 y 3,445, el último relacionado con el despido de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral).
Sobre el asesinato de Vega, el Comité recuerda que el asunto ha sido abordado en diversas ocasiones. Incluso el año pasado se analizó el caso, en donde presentó un informe provisional. Como respuesta, el gobierno salvadoreño envió sus observaciones el 6 de marzo de 2024.
El documento recuerda que en junio de 2023 el Comité lamentó la ausencia de avances e hizo el llamado a que se agilizaran y concluyeran las investigación.
El gobierno de El Salvador aseguró que desde 2019 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que se reabriera el caso y que, desde entonces, han dado seguimiento a la investigación.
El Estado salvadoreño dijo que la investigación ha arrojado “posibles conclusiones”, pero que esta indagación es de “acceso limitado”. El gobierno aseguró que, cuando le sea posible, divulgará la información con el comité.
La oficina de la OIT recordó al gobierno que iniciar con una investigación no finaliza su obligación, porque deben determinar quiénes son los culpables y dictar una sanción.
“El comité insta firmemente una vez más al gobierno, y a todas las autoridades competentes, a que, de manera coordinada, dediquen con urgencia y de manera prioritaria todos los esfuerzos necesarios para agilizar y concluir las investigaciones en curso”, indicó el documento divulgado el 15 de junio en una de las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración de la OIT.
El organismo insta a la nueva administración a tomar las “medidas pertinentes”, a nivel financiero y humano, para que las autoridades resuelvan el caso. Además, pide que se les informe sobre las decisiones que se tomarán.
Despidos
El caso número 3,445 se centra en una queja presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) en contra del gobierno de El Salvador por el despido de trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa.Los despidos ocurrieron luego de que la Asamblea tomara posesión el 1 de mayo de 2021, con una mayoría ligada al partido oficialista de Nuevas Ideas (NI).
En marzo de 2023, el CNTS explicó al comité que luego de lo sucedido intentaron reunirse con el presidente y la junta directiva de la Asamblea, al igual que con el presidente de la República, Nayib Bukele, pero que no se obtuvo respuesta.
En su comunicado, el CNTS abordó el caso de Luis Ernesto Rodríguez Segovia, Claudia Isabel Romero Ramos, Blanca del Carmen Sosa Hernández, Ingryd Adriana Escobar Campos, Ismael Soriano Gómez y Sara Beatriz Alfare Ramírez, todos empleados del órgano legislativo en diferentes rubros.
La organización manifestó que los despidos se realizaron porque se trataba de dirigentes sindicales.
En respuesta, el gobierno salvadoreño aseguró en marzo de 2024 que el Ministerio de Trabajo no recibió una solicitud de intermediación de ninguna de las partes, pero aseguró que dará seguimiento al caso e indagará.
El comité destaca que la organización querellante no informa sobre la cantidad exacta de personas despedidas.
El CNTS presentó una serie de documentos anexados al comité; sin embargo, el organismo concluye que tres de los seis miembros recibieron cartas del área de Recursos Humanos en donde no se menciona que fueron cesados de sus cargos por ser dirigentes sindicales.
A esto se suma la presentación de demandas por nulidad de despido, ante el Tribunal de Servicio Civil, realizadas por los sindicalistas, que no han sido resueltas.
En sus recomendaciones, el comité pide al CNTS que ofrezca mayores detalles sobre el carácter antisindical con el que los trabajadores fueron despedidos. De lo contrario, “el comité no proseguirá con el examen de estos alegatos”.
La entidad de la OIT solicita al gobierno recabar información relacionada a los alegatos de los sindicatos, y al Tribunal de Servicio Civil le solicita que se pronuncie sobre la validez de los despidos.