La Defensoría aseguró que en la actualidad no existen condiciones que validen un aumento en el precio de los productos de la canasta básica.
“No existe en este momento condiciones que pudieran de manera general el estar argumentando algún incremento en productos de la canasta básica, en nuestro país tenemos una importante estabilidad en los precios, el índice de inflación anda por el 0.1 %”.
Ricardo Salazar
Presidente de la Defensoría del Consumidor
Bukele anunció este viernes que envió una propuesta de aumento al salario mínimo de un 12 % al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), un alza que se aplicaría a partir de junio de 2025.
Salazar indicó que a los comercios que especulen con el precio de los alimentos se les aplicará un proceso sancionatorio a través de multas, después de verificar la estructura de costos para evidenciar si existe o no elementos que justifique el aumento en el costo.
El presidente de la Defensoría explicó que han realizado más de 10,000 verificaciones en 2025, una estrategia que permite tener una base de datos de precios que revelan anomalías ante la implementación de medidas como el anuncio al aumento del salario mínimo.
El gobierno señala que, junto a las verificaciones, la eliminación de aranceles a más de un centenar de productos de la canasta básica, así como el establecimiento de agromercados validan una estabilidad de precios para El Salvador en la actualidad.
“Estas medidas vienen a beneficiar en la capacidad de pago de los salvadoreños por parte de nuestra institución vamos a verificar las medidas de verificación a fin de evitar cualquier efecto especulativo porque no existe ningún motivo de incremento”, indicó el presidente de la institución.
Sanciones
La Defensoría señaló que cuando el salario mínimo se apruebe se redoblarán los esfuerzos para verificar que no se generen incrementos abruptos de precios.Salazar dijo que desde que se aplican las medidas de alivio económico, en marzo de 2022, se han sancionado a 101 importadores y comercializadores con multas que ascienden a $421,000, por aumentar de forma injustificada los precios o por obstaculizado la labor de la Defensoría del Consumidor.
Entre las sanciones, se detectaron aumentos en los costos de lácteos, granos básicos, aceites y huevos.