El déficit fiscal se redujo un 46.4 % en 2022 y cerró en cifras cercanas a las registradas antes de la pandemia del covid-19, contenido principalmente por un fuerte ajuste en la inversión pública y mayores ingresos tributarios.

Este indicador fue de los primeros en dispararse con la pandemia del covid-19, pues el Gobierno vio caer sus ingresos por el cierre de la economía mientras que requería de más recursos para atender la emergencia. Ese año alcanzó una cifra récord de $2,498.4 millones, que para el 2021 se redujo a $1,606.45 millones, según el Banco Central de Reserva (BCR).

En la última actualización de las estadísticas fiscales, la institución reporta que llegó a $860.26 millones al cierre de 2022 y significó una reducción de $746.19 millones respecto a 2021. Además, representaría el 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2023.

El déficit fiscal se origina cuando los gastos son superiores a los ingresos. Esa brecha se suele cubrir con la emisión de más deuda y genera un problema de la caja porque después, el gobierno debe destinar más parte de sus recursos para pagar esa deuda y sus intereses.

En ese sentido, el déficit fiscal del año pasado se explica porque el gasto y concesión neta de préstamos superaron en $541.88 millones a los ingresos y donaciones totales que recibió el fisco salvadoreño. A esa brecha de deben incorporar $328.38 millones originados del sistema de pensiones.

El Banco Central reporta que los ingresos y donaciones al fisco salvadoreño crecieron un 10.8 % y sumaron $7,881.26 millones, equivalente a $772.5 millones adicionales respecto a 2021.

Por su parte, el gasto público llegó a $8,423.14, una cifra que fue $1.33 millones inferior a los resultados de 2021. Equivalente a una reducción de 0.015 %.

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¿Por qué bajó?

Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), atribuyó la baja en la brecha al crecimiento “extraordinario” de los ingresos tributarios, un renglón al que contribuyó la amnistía fiscal y la fiscalización contra la evasión.

En este renglón, sobresale un repunte en el Impuesto sobre la Renta (ISR) del 25 %, pero se explica porque las declaraciones de 2022 corresponden al ejercicio de 2021, año del rebote económico. La renta es un tributo que se carga a los ingresos o ganancias de los asalariados o las empresas.

El economista advirtió que, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el buen dinamismo de los ingresos tributarios se frenará este 2023 e incluso se prevé una contracción el IVA (cargado al consumo) debido a las presiones inflacionarias.

Por el lado de gastos, los datos del BCR confirman un fuerte ajuste en la inversión pública, con una caída del 24.4 %. Considerada el motor de la economía porque estimula los proyectos privados, este renglón cerró en $691.21 millones y fue $223.36 millones inferior a 2021.

“Aquí se entra en el dilema: estás reduciendo el déficit fiscal, pero a qué costo. Si solo lo estuvieras haciendo por aumento de ingresos, muy bien, pero si lo estás haciendo a costa de la inversión pública, en un momento en donde se espera que haya una desaceleración económica, es incluso contraproducente”, explicó.

Uno de los mayores compromisos de 2022 fue el pago de los intereses de la deuda, que sumaron $1,491.51 millones. Es decir, que el Gobierno destinó 2.5 veces más dinero a este compromiso que la inversión pública y denota la presión que ejerce el alto nivel de endeudamiento.

La agencia Fitch Ratings prevé que el déficit fiscal se mantenga en similares dígitos entre 2023 y 2024 por factores como el crecimiento y por la reducción del gasto para el sistema de pensiones.

El dato

Una investigación del economista William Pleites reveló que solo en 44 de los últimos 140 años de la República se tuvo superávit fiscal (más ingresos que gastos) y corresponden a los años 1850 y 1880.