El reporte examina el clima de inversión para el ingreso de empresas de capital estadounidense a la economía salvadoreña, que por 30 años quedó rezagada respecto a sus pares en la región en la atracción de IED, debido, en parte, a los altos índices de violencia y extorsión.
La reducción de los índices de violencia desde que el Gobierno implementa el régimen de excepción, a partir de marzo de 2022 y que ha puesto en las cárceles a 67,000 presuntos pandilleros, ha sido aprovechada principalmente por los sectores de turismo, construcción y comercio.
Sin embargo, “no se han traducido en una nueva IED significativa” en El Salvador, un indicador que el año pasado cerró en negativo (hubo más salidas que ingresos) por primera vez en una década.
El Departamento de Estado señala que no está claro cómo la Administración de Nayib Bukele restaurará los derechos constitucionales, pero un punto a su favor es la planificación de varios proyectos de infraestructura vial, logística y aeroportuaria que podrían brindar “oportunidades a las empresas estadounidenses”.
Presiones de caja.
Uno de los grandes problemas del Gobierno salvadoreño sigue siendo su delicada situación fiscal, sobre todo porque la “deuda pública está en un camino insostenible y crea incertidumbre sobre la capacidad de pago” de los compromisos futuros, señala el informe, que considera una debilidades de la economía también la falta de transparencia.Recordó que el Gobierno buscó en 2021 un acuerdo fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero actualmente las “discusiones están estancadas”.
El Ministerio de Hacienda se comprometió con los inversionistas a lograr un programa para corregir la situación fiscal con el FMI por hasta $1,300 millones. Se tenía previsto que estuviera listo a mediados de 2021, pero el proceso se truncó después de que la Asamblea Legislativa destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
Las negociaciones tropezaron nuevamente cuando la Administración Bukele anunció la adopción del bitcoin. El Departamento de Estado señaló que esta decisión trajo una publicidad “significativa” y ha contribuido a la popularidad del país como un destino turístico.
“Los bajos niveles de adopción han mitigado los riesgos potenciales asociados con bitcoin”, agrega en su reporte.