El Gobierno salvadoreño prepara una oferta para comprar parte de su deuda de dos emisiones de bonos, una medida que para economistas podría reducir el riesgo país que se disparó a niveles históricos en el último año.

“Creo que el mercado lo debería de ver bien”, señaló Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), para quien la compra anticipada de deuda es un mecanismo de bolsa y “no tendría por qué molestar”.

“Yo más bien pienso que esto mejoraría el riesgo país de El Salvador, en lugar de empeorarlo. Pienso que es más de fortaleza que debilidad”, manifestó.

En el último año, el precio de los bonos se deterioró ante un cóctel de riesgos por la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y el temor del mercado a que el Gobierno no pudiera honrar el vencimiento de bonos de enero de 2023.

Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró que la compra anticipada “permitiría ahorrarse una cantidad de dinero porque no pagaría la totalidad” de la deuda, siempre que el precio de los bonos se mantenga.

Sin embargo, tras el anuncio, los precios de bonos registraron un repunte en la sesión de ayer que si se mantienen “no habría ninguna ganancia” para el Estado.

A diferencia de Acevedo, la economista Tatiana Marroquín señaló que también existe el riesgo de que los inversionistas lo vean como un incumplimiento de las obligaciones, pero esto depende del interés de los tenedores.

“Es razonable pensar que, luego de este movimiento, no exista confianza en que El Salvador va a pagar su deuda en los momentos en los cuales los acuerda”, alertó la economista.

¿Alcanzarán las reservas del FMI?

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció ayer que el Gobierno ofrecerá a los tenedores de deuda la compra de los bonos de 2023 y 2025, cada uno de $800 millones.

Para financiar parte de esta operación, en la noche la Asamblea Legislativa aprobó que el Banco Central de Reserva (BCR) le transfiera al Ministerio de Hacienda el derecho especial de giro asignado por el Fondo Monetario Internacional a El Salvador en 2021 de 275 millones.

Debido a que el derecho especial de giro es como una “divisa” que el país puede convertir a cualquier moneda, Acevedo explicó que cada uno se cotiza por hoy a $1.33 por lo que el Gobierno salvadoreño recibiría unos $360 millones.

Esto deja un margen sin financiamiento ante las puertas si los tenedores de bonos deciden vender en la totalidad las dos emisiones a El Salvador.

Para Castaneda, un escenario probable es que se reduzca el riesgo país, medido por el Indicador de Bonos Emergentes (EMBI), con lo que se abre una ventana de oportunidad para que el Gobierno salga al mercado a emitir nueva deuda.

“Aun cuando el Gobierno pague los compromisos de deuda, la situación financiera es complicada.

Necesitaría recursos para cerrar el déficit fiscal de este año, de 2022 y 2023”, alertó Castaneda.

“Desde mi perspectiva es un movimiento de pago de deuda a la luz de un posible incumplimiento”, agregó Marroquín al tiempo aseguró que “es una muestra de problemas financieros”.