En su primera aparición como ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, recordó que las conversaciones iniciaron en 2021, pero “las condiciones, quizá, no eran las más idóneas para poder alcanzar algún tipo de acuerdo”.
“Nosotros seguimos con el diálogo y nuestro objetivo es poder llegar a un acuerdo, incluso, si es posible, antes de las elecciones”, dijo en la entrevista de Frente a Frente.
Un acuerdo con el FMI es la eterna recomendación de los economistas y sectores clave de la economía, como los bancos privados, pues hay un compromiso del Gobierno de aplicar un ajuste fiscal que le permitiría reducir su alto nivel de deuda y abre las puertas al financiamiento externo.
Un campo de batalla. Apenas cuatro días después de las elecciones legislativas de 2021, el entonces ministro Alejandro Zelaya confirmó que el Gobierno tenía una negociación con el FMI para un acuerdo de $1,300 millones bajo un programa de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés).
El anunció entusiasmó al mercado pues, con la mayoría en la Asamblea Legislativa, se esperaba que el proceso de aprobación avanzara sin contratiempos.
Se tenía previsto que el acuerdo estuviera listo a mediados de 2021, pero las pláticas se estancaron cuando los diputados destituyeron a los magistrados y al fiscal general. A la tensión se sumó la decisión de adoptar el bitcoin. Sin embargo, en varias ocasiones Zelaya dijo ante los medios de comunicación que las negociaciones se mantenían para un acuerdo.
Aunque el Gobierno seguía en conversaciones regulares con el FMI, así como con el resto de multilaterales -Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- no se había tenido ningún avance palpable para un programa de financiamiento.
¿Qué medidas se contemplan?
Inicialmente se contempló un ajuste fiscal de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB) durante tres años. Hacienda esperaba que se hiciera a través de medidas, con un 2.6 % por el lado de gastos y un 1.4 % por ingresos.Sin embargo, en la última revisión al Artículo IV, en febrero de 2022, el Fondo Monetario propuso al Estado salvadoreño un ajuste de un 3.5 % del PIB en tres años.
Posada Molina señaló que el Ministerio de Hacienda no contempla un aumento en las tasas de impuestos, sino que mantendrá medidas administrativas, como el plan contra la evasión fiscal.
“La población tiene que estar tranquila que como Ministerio Hacienda no estamos pensando en hacer algún ajuste en incrementos de impuestos. Lo que sí estamos haciendo es buscar espacios que nos permitan recaudar mayor impuestos”, dijo.
El ministro negó que se analice un impuesto sobre el patrimonio: “Creemos que en este momento no lo necesitamos”, señaló.
Una de las medidas para reducir el gasto en remuneraciones es la ley de retiro voluntario para los empleados públicos, que promete una compensación de hasta un máximo de $25,000. Posada Molina calcula que con esta medida el Ejecutivo se ahorrará hasta $150 millones en salarios.
Las plazas que sean liberadas no volverán a ocuparse, con excepción de las necesarias.