Tanques de pensamiento recalcan que el Gobierno aún no aplica la Ley de Responsabilidad Fiscal. /DEM


La deuda pública de El Salvador continuará aumentando hasta 2022 en un mercado de inversionistas cada vez más atento a un ajuste fiscal para ordenar las finanzas estatales, advierte la agencia Moody’s Investors Rating.

A inicios de febrero, la agencia anunció una degradación de la perspectiva de riesgo de la deuda salvadoreña de positiva a negativa, aunque mantuvo su calificación en “B”.

En una nota de la calificación soberana, con fecha del 8 de febrero pero que se divulgó esta semana, la agencia explica que su decisión se fundamenta en que el país se enfrenta a altos riesgos de liquidez, elevada deuda y carga de intereses, mientras que su dinámica económica se encuentra deteriorada por la pandemia.

El Salvador tiene que asegurar en el transcurso de 2022 el financiamiento de $800 millones para honrar dos emisiones de bonos en enero de 2023. Este compromiso, por lo tanto, deberá incluirse en el anteproyecto del presupuesto para el próximo año como solicitud de deuda, que es el mecanismo que ha utilizado el Gobierno en los últimos vencimientos de deuda.

El primer paquete se estructura por $451.5 millones de una emisión del 17 de octubre de 2002 y el segundo es de $348.5 millones colocados el 25 febrero de 2003. Ambas emisiones vencen el 24 de enero de 2023 y suman $800 millones. Después de estos compromisos, el siguiente vencimiento está programado para 2025 por $800 millones.

“Esperamos que la deuda como porcentaje del PIB continuará incrementando en 2022 y sobrepasará el 90 % del PIB, incluso después de asumir que el ajuste fiscal reduzca el 3 % del PIB entre 2020 y 2022”, afirma la agencia.







Alto riesgo de liquidez del Gobierno debido a las necesidades de financiamiento, además de polarización entre los diputados y el Ejecutivo. Aún con ajuste fiscal, persiste el riesgo del alto incremento de la deuda pública. Moody’s advierte que seguirá aumentando hasta 2022.

Advierte también que debido a “una carga de intereses más alta, si siquiera un ajuste fiscal mayor al esperado y un retorno al superávit primario del 1 % del PIB (registrado entre 2017 y 2019) serían suficiente para estabilizar la métrica de la deuda”.


¿Qué se espera para 2021?


El pronóstico de la calificadora para 2021 es que la deuda pública alcance el 89.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la carga de intereses representará el 22 %. Significaría un incremento de 18.4 % y 16 %, respectivamente, en los últimos dos años debido a las medidas de gasto público que emprendió el Gobierno salvadoreño en el marco de la pandemia del covid-19.

La crisis sanitaria y económica generada por el covid-19 deterioró aún más el perfil crediticio de El Salvador y, pese a que no se colocó toda la deuda que tenía avalado el Ministerio de Hacienda, estos compromisos registraron un incremento de 15.9 puntos porcentuales como proporción del PIB.

La agencia de riesgo estima que las necesidades de financiamiento del Gobierno para 2021 rondarán los $4,900 millones, el 16 % del PIB. Para 2022 y 2023 el pronóstico es que se eleve entre 16 % y 18 % del PIB incluso “considerando una mayor reducción del déficit primario” debido al vencimiento de los bonos de enero de 2023.