En la actualización de sus proyecciones económicas para la región, presentadas en octubre, el organismo publicó un análisis sobre cómo la ineficiencia del gasto público corriente en América Latina y el Caribe es significativa en relación al Producto Interno Bruto (PIB, producción de bienes y servicios), cuando estos recursos deberían tener la prioridad de mayores rendimientos económicos y sociales.
La institución calcula el costo del “despilfarro” a partir del volumen de las filtraciones en forma de transparencias, contrataciones y la ineficiencia de la masa salarial.
En el caso de El Salvador, estas tres fuentes tienen un peso del 6.5 % de su PIB y es el segundo país con el porcentaje más alto de América Latina, solo superado por Argentina que tiene un volumen de 7.2 %.
A la economía salvadoreña, le sigue Bolivia con un 6.3 % y Nicaragua con un 5 %, mientras que en el último puesto, de un ranking de 16 países, está Chile con solo 1.8 %. El promedio de la región es de 4.4 % del PIB.
La masa salarial ineficiente en El Salvador tiene el costo más importante en más de tres puntos del PIB, mientras que las filtraciones en transferencias representan un punto y el “despilfarro de contrataciones” pesa casi dos puntos.
El gasto público representa el 24 % del PIB salvadoreño y es el segundo porcentaje más alto de América Latina, superado en este caso por Costa Rica que tiene un 24.7 %.
Solo en el primer semestre del 2022, el Ministerio de Hacienda reporta que el gasto y concesión neta de préstamos superó los $4,157 millones y la mitad de estos recursos se destinó a consumo, por $2,301.5 millones.
En esta categoría entran las remuneraciones (pagos a salarios) que totalizaron $1,604 millones (38.5 % del gasto total), y bienes y servicios con $697.5 millones (16.7 %).
DEM
Uso eficiente en medio de crisis.
El Banco Mundial señala que, a nivel regional, alrededor del 17 % del gasto total se despilfarra o no se asigna correctamente a los grupos más vulnerables. Sin embargo, advierte que “sería de esperar” que la ineficiencia del gasto público aumente este año porque el alza en los precios del petróleo y materias primas elevan, a su vez, la carga de los subsidios.La institución considera que las transferencias, principalmente las vinculadas a los combustibles, representan una porción “enorme” del gasto público, son regresivas y van contra la lucha del cambio climático. Además, asegura que no contribuyen de manera visible a desarrollar el capital humano en las familias más pobres.
Por lo tanto, recomienda eliminarlas en el largo plazo, pero focalizarlas en el mediano.
“Uno de los principales determinantes de un nivel alto de despilfarro e ineficiencias en el gobierno es la corrupción en el sector público. No es de sorprender entonces que una consecuencia importante de un nivel más alto de corrupción pública es una menor confianza de la población en el gobierno”, advierte el organismo.
Para el banco, lo razonable es que los países intensifiquen sus esfuerzos para reducir el despilfarro en el gasto público a través de mecanismos de transparencia, control y cumplimiento de la ley, incluyendo “el papel clave” que juega el sistema judicial.