En el documento se explora la evolución de la formación bruta de capital fijo (FBKF) -término económico para referirse a la inversión, tanto pública como privada- en la economía salvadoreña entre 1990 y 2022 ante eventos cruciales que afectaron la dinámica, así como su aporte al Producto Interno Bruto (PIB).
La inversión es uno de los motores del crecimiento económico, que depende principalmente del sector privado, aunque el componente público se considera la “puerta” para que los empresarios desarrollen sus proyectos. Este renglón está vinculado con la infraestructura productiva, conectividad vial, obras residenciales, fortalecimiento de capital humano y modernización de servicios.
“La inversión privada representó entre el 80 % y el 90 % del total invertido en el país”, señala el BCR en el documento, en el cual asegura que ese incremento fue posible por las mejoras en infraestructura financiada por el sector público porque redujo los costos y mejoró las garantías jurídicas.
En 1990, la inversión total fue de $658 millones, de los cuales un 81.4 % corresponde a capital privado y un 18.5 % a fondos públicos. Esa suma llegó a $6,511 millones ejecutados en 2022, un 90.6 % aportado por el sector privado y un 9.3 % por el aparato estatal.
Según la serie histórica del BCR, la inversión del sector privado pasó de $536 millones en 1990 a $5,905 millones en 2022, con un crecimiento de 11 veces en los últimos 32 años.
En cambio, la inversión pública pasó de $122 millones en 1990 a $606 millones en 2022, al menos 4.9 veces de crecimiento.
DEM
Historia.
El Banco Central revisó el comportamiento de la inversión desde 1990, cuando El Salvador se encontraba a la salida del conflicto armado y la crisis de deuda, conocida como la “década perdida de América Latina”.Los procesos de negociación de los Acuerdos de Paz sentaron las bases para movilizar inversión pública, ejecutada en un primer momento para la reconstrucción de puentes, carreteras, torres de transmisión eléctrica e infraestructura dañada por el conflicto bélico.
En ese contexto, se creó el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano para resolver el problema de alojamiento de la población salvadoreña. Entre 1991 y 1995, la inversión total registró crecimiento en dos dígitos, pero en 1996 se tuvo una desaceleración debido a una menor producción del café y el “agotamiento” de los proyectos de inversión pública postguerra.
En 1997, en paralelo con la privatización, se realizaron programas para consolidar la estabilidad macroeconómica, con un aumento en los sectores de construcción, industria y servicios. Esto derivó a que en 2000 hubiera un repunte en las actividades de telecomunicaciones y electricidad.
Debido a los terremotos de 2001, la inversión pública despuntó para reparar los daños en infraestructura de viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, mientras que los privados apostaron por la industria y comercio.
En los siguientes años hubo “detonantes” de la inversión privada, como el tratado de libre comercio con Estados Unidos, los dos compactos de Fomilenio, así como los proyectos públicos entre los que se destacan energéticos y de infraestructura vial.