El comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, informó sobre el interés de la empresa argentina "Di Martino y Asociados" en ofrecer a El Salvador una propuesta técnica y dinero para una nueva central de abastos en el occidente del país.

El interés de la empresa nace como parte de la creación en agosto del 2023 de la "Ley integral de comercialización agropecuaria" que crea el Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), ente encargado de administrar centrales de abasto para intentar bajar los precios de productos agropecuarios. De la normativa fue descartada la regulación de precios luego de una observación de Nayib Bukele, presidente reelecto.

Según el comisionado Flores, la empresa brinda también una propuesta de análisis de factibilidad de la central de abastos.

"Di Martino y Asociados nos brinda una propuesta técnica y diseño conceptual, así como el análisis de factibilidad de la nueva central de abastos en el occidente del país", informó el comisionado Flores.

La propuesta de la empresa se da luego de una rueda de negocios organizada por la Embajada de Argentina en El Salvador.

Flores dijo que es una apuesta por revertir "años de abandono del sector agrícola".

La propuesta técnica hecha por la empresa extranjera corresponde a la "Nueva Central de Abasto de Granos (CDA)", que presuntamente estaría ubicada en la zona de Zapotitán, jurisdicción de los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y La Libertad.

La empresa Di Martino y Asociados es una empresa experta en gestión de proyectos industriales y agropecuarios, con más de 25 años de experiencia en el ámbito de la ingeniería.

Cuando se creó el CDCA, Flores dijo que sería un ente que “facilita, se acerca al productor, recibe su producto, lo forma, lo prepara con normas de inocuidad, pasa de ser un simple producto a convertirlo en una marca”.

En 2023, la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena comparó la reforma con la apuesta que hizo en el pasado el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) al haberle cedido programas que supuestamente buscaban una reserva agrícola a la Alba Alimentos, una de las subsidiarias de la sociedad de economía mixta Alba Petróleos.

Para la mesa, la "ley promueve la privatización del producto” y “no fomenta la producción nacional” porque según la ley “el problema” es de “mercadeo de los productos”.