El Ministerio de Hacienda entregó el 30 de septiembre el anteproyecto presupuestario por $9,663 millones, con el compromiso de que no incluye deuda para cubrir el gasto corriente, es decir, obligaciones derivadas del servicio de la deuda, adquisición de bienes y servicios, o pago de remuneraciones.
En un análisis, la agencia señala que la propuesta muestra un “compromiso con la consolidación fiscal y la reducción de los riesgos para la sostenibilidad de la deuda pública”, pero “queda por ver si ayudará a asegurar financiamiento externo adicional del sector privado o del oficial”.
La propuesta del presupuesto está “diseñada para financiar todos los gastos corrientes a través de los ingresos del gobierno y restringir el uso de préstamos para gastos de capital, a través de créditos de organizaciones multilaterales. También busca cerrar la brecha de financiamiento que ha sido una característica de ejercicios presupuestarios anteriores”, indica en su reporte.
Para 2025, Fitch calcula que el déficit fiscal (brecha entre ingresos y gastos) del gobierno central se reduzca de un 3.9 % como relación del producto interno bruto (PIB) en 2024 a un 3.1 % en 2025, una estimación que incorpora las obligaciones derivadas del sistema de pensiones.
Esta consolidación fiscal se fundamenta en “reducciones sustanciales del gasto” por el congelamiento del escalafón para los trabajadores de salud y educación, así como la eliminación de vacantes y una reducción del gasto para bienes y servicios.
Esa reducción en el gasto compensaría con “creces” el aumento previsto en gasto de intereses por las limitaciones en el financiamiento externo y los elevados costos del endeudamiento, advierte la agencia.
El Salvador volvió en abril pasado al mercado de capitales después de cuatros año, desde julio de 2020 en medio de la pandemia, con una colocación de $1,000 millones que sirvió, en parte, para financiar una recompra de bonos. Sin embargo, el mercado mantiene un castigo pues la tasa de interés fue de 12 %, la más alta de todos los títulos.
Riesgo de ejecución
“Creemos que estas ambiciosas medidas enfrentan riesgos de ejecución”, afirma la agencia.Fitch considera que las medidas de gasto se aprobarían y se implementarían sin oposición significativa en la Asamblea Legislativa por contar con mayoría el partido de Nuevas Ideas.
“Pero si bien ha enfatizado la necesidad de realizar ajustes económicos difíciles en su segundo mandato, creemos que el presidente permanecerá alerta a las señales de descontento popular”, añade la calificadora.
Advierte también que las perspectivas de crecimiento moderado y altos costos de endeudamiento pesan sobre la trayectoria de la deuda, que prevé se estabilice sobre el 85 % del PIB.
Ante el anuncio de un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fitch considera que si el gobierno logra una consolidación fiscal exitosa se fortalecerá la confianza con los inversionistas en el mercado de bonos.
Asimismo, Fitch señaló que mantiene la calificación de El Salvador en 'CCC+' por el elevado nivel de endeudamiento y el historial reciente de “incumplimiento” de las obligaciones durante el canje de la deuda de pensiones en abril de 2023.