“La subida de la calificación de El Salvador a 'B-' refleja la reducción en las necesidades de financiamiento y la flexibilización de las restricciones financieras apoyadas por la recuperación del acceso al mercado y el programa recientemente anunciado del FMI”, señaló la agencia en su análisis.
Al filo de cumplir cuatro años de negociaciones, el FMI anunció el 18 de diciembre pasado que llegó a un acuerdo técnico con la Administración de Nayib Bukele para un programa de $1,400 millones. La asistencia, sin embargo, está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo y el cumplimiento previo de condiciones, como reformas a la polémica ley bitcoin.
Para Fitch, el programa del FMI, la reducción de la deuda de corto plazo con la banca privada y los procesos de recompra de deuda ayudarán a la consolidación fiscal, que eventualmente reducirán las necesidades de financiamiento del Ejecutivo.
“Una consolidación exitosa también podría impulsar la confianza de los inversionistas en la sostenibilidad de la deuda de El Salvador y permitir más emisiones”, añadió.
El acuerdo con el FMI contempla reformas claves a la ley bitcoin para que la criptomoneda sea de uso voluntario en el sector privado, así como que se elimine la opción de pagar impuestos. En materia fiscal, contempla un ajuste de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) durante tres años, comenzando en 2025 con un tramo de 1.5 %.
Fitch estima que el déficit fiscal de 2024 cierre en 4.7 % como relación del PIB, incluyendo las obligaciones del sistema de pensiones que el gobierno no incorpora desde mayo de 2023 tras una reforma.
Entretanto, los gastos subieron alrededor del 14 % debido al aumento de salarios, pago de intereses y gastos de capital.
El pago del servicio de la deuda aumenta por mayor costo de endeudamiento. Sin embargo, recordó Fitch, la carga de intereses se “beneficia” por el período de gracia de cuatro años acordado con las administradoras de fondos de pensiones (AFP) como parte del canje de deuda.
Ajuste de 2025
Según la agencia, el presupuesto de 2025 incorpora un ajuste del balance general de 1.9 % del PIB por los “grandes recortes del gasto”, como el congelamiento de los salarios del sector público, al tiempo que prevé mayores ingresos tributarios.“Su objetivo (del gobierno) es cubrir todos los gastos corrientes con ingresos fiscales y limita el uso de préstamos para gastos de capital a través de préstamos de prestamistas multilaterales. Pueden surgir desafíos en la implementación de recortes del gasto y por el aumento de los costos de endeudamiento”, advirtió la agencia.
Fitch anticipa que la deuda representó un 87.7 % del PIB en 2024, mayor al 84.9 % de 2023, aunque espera que se mantenga por debajo de este nivel en 2025 y comience a disminuir en 2026.
