La institución pasó de “CCC” a “CC” el perfil de riesgo de El Salvador, un grupo donde se colocan a los países o empresas con elevado riesgo de incumplimiento de sus compromisos. Esta es la segunda vez en el año que Fitch cambia la calificación del país, ya en febrero pasado había aplicado una degradación con alertas de impago y del alto nivel de endeudamiento.
La agencia recordó que no asigna perspectiva a los países que se encuentran en la categoría de “CCC+” o con calificaciones inferiores.
La nueva calificación refleja la opinión de Fitch de que hay “algún probable tipo de incumplimiento de pago” por las presiones de liquidez fiscal de El Salvador, mientras se enfrenta a un “mercado extremadamente restringido” en medio de altas necesidades de financiamiento fiscal por el vencimiento de los bonos de 2023.
La administración de Nayib Bukele lanzó el lunes pasado la convocatoria de recompra de los bonos 2023 y 2025 con un presupuesto de $360 millones, a pesar de que ambas emisiones suman $1,600 millones (de $800 millones cada una). En opinión de la agencia, esta operación “debilitará aún más su ya tensa posición de liquidez” porque el alcance de la transacción “no altera materialmente la probabilidad de incumplimientos”.
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Inicialmente, el Gobierno había presupuestado $560 millones para la recompra de bonos que obtendría a través de 275 millones de Derechos Especial de Giro (DEG) asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esa operación le daría $360 millones y además contaba con $200 millones de un préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuyo principal destino era cubrir la brecha por los subsidios a los combustibles.
Necesidades de financiamiento.
Junto a los bonos, el Gobierno debe asumir también los compromisos de pago de intereses y otras amortizaciones de deuda. De esa manera, la agencia estima que las necesidades de financiamiento rondarán los $3,700 millones entre septiembre de 2022 y enero de 2023.Esa brecha incluye $1,000 millones en déficit fiscal, $1,200 millones en amortizaciones -incluido el pago de $800 millones en bonos de 2023-, y $1,500 millones en deuda a corto plazo.
Prevé que el déficit de cuenta corriente llegue a $2,400 millones en 2022, equivalente a un 7.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), más $400 millones en amortizaciones y los $800 millones de los bonos.
Con los desembolsos externos y el uso de los Derechos Especiales de Giro se cubrirían $1,400 millones, mientras que $700 millones podrían ingresar por inversión extranjera directa (IED) y apoyo de los bancos privados.
“Pero, todavía hay una brecha no identificada de casi $1,000 millones. Si no se encuentran fuentes externas, las reservas internacionales de El Salvador (compuestas principalmente por los requisitos de reserva del sector bancario) podrían verse sometidas a presiones adicionales, aumentando la probabilidad de incumplimiento de pago”, matizó.