Instituciones del Gobierno realizaron este fin de semana una serie de inspecciones en dos distribuidoras de granos básicos en San Salvador, para verificar y comprobar que no hayan “abusos en el mercado que impacten la economía de las familias” salvadoreñas.

Dichos procedimientos estuvieron a cargo de autoridades de la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y la Policía Nacional Civil, quienes inspeccionaron los precios de los productos esenciales de la canasta básica en las distribuidoras Omoa y Lourdes.

"Queremos corroborar el precio de venta al consumidor de productos de la canasta básica. Tenemos información que proporciona la Dirección General de Aduanas, la cual permite identificar a los principales importadores", dijo Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor.

El funcionario explicó que estas inspecciones las realizan en diferentes puntos del país, además detalló que durante las visitas “los inspectores hacen un análisis de la estructura de costos para establecer si los precios de venta al público están relacionados a los costos de producción”.

También indicaron que estas medidas son la finalidad de proteger la economía de las familias salvadoreñas y evitar el abuso de parte de los comerciantes.

“De detectar incremento injustificado de precios por parte de los comercios se procederá a la imposición de sanciones las cuales pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos”, aseguraron.

Salazar reiteró el llamado a la población a utilizar el número de teléfono 910, o el WhatsApp 7844-1482, para interponer denuncias ante cualquier incremento injustificado de precios de alimentos.