El Ministerio de Hacienda ha presentado 211 casos por presunta evasión fiscal ante la Fiscalía General de la República (FGR), que equivalen a $195 millones.

El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, señaló este martes que la presentación de los casos es parte del trabajo coordinado entre Hacienda y la FGR.

Sorto explicó que en algunas ocasiones a los contribuyentes “se les escapan detalles” como ingresar la mercadería a través de la Dirección General de Aduana en calidad de importación. Sin embargo, cuando presentan la declaración sobre la renta sólo se exponen las comisiones que generó el comercio de los bienes, provocando un problema al registro hacendario.

“Resulta que cuando nuestros sistemas realiza el cotejo de lo que ha ingresado vía importaciones, versus lo que está declarando en su formulario de declaración de impuestos sobre la renta, hay una diferencia significativa y, en muchos casos, de millones de dólares, eso no debe ser así”, señaló el funcionario.

Este tipo de acciones son consideradas por la ley como ingresos omisos y, según Sorto, esto puede llevar a una acusación de evasión fiscal que podría desencadenar una pena con cárcel.



Hacienda asegura que se ha reducido la evasión fiscal

El funcionario recordó que, antes de la ejecución de este plan, la evasión fiscal ascendía a $2,000 millones; sin embargo, se ha reducido paulatinamente en más de $1,600 millones.

Según estimaciones del gobierno, actualmente “se deben perseguir” $400 millones en evasión.

El plan antievasión fue lanzado por Hacienda en octubre de 2019, pero ha sido reforzado a través del lanzamiento de nuevas fases de interés.

En febrero de 2023, se sumó una fase centrada en la antievasión, el anticontrabando y los evasores de cuotas patronales. Tres meses después, el exministro de Hacienda. Alejandro Zelaya, aseguró que se reforzaría el plan en la zona oriental donde los volúmenes de actividad económicas no coincidían con las declaraciones.

Posteriormente, en julio de 2023, Hacienda dijo que se fortalecería la atención en la evasión de inmuebles, luego de que se detectara un incremento en la comercialización de las propiedades sin que fueran registrados en el fisco salvadoreño.