En el marco de reunión número 111, realiza entre el 5 y 16 de junio, el Gobierno salvadoreño fue llamado, por sexta vez, al Comité de Aplicaciones de Normas, el organismo de la OIT que se encarga de examinar la aplicación de los convenios y posteriormente emite recomendaciones.
A la reunión fue llamado el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para que explicara por qué no se encuentra activo el Consejo Superior del Trabajo (CST), la máxima autoridad tripartita en materia laboral. También hubo delegados de la representación laboral y de los empleadores, aunque, a diferencia de años anteriores, esta vez no se contó con la vocería de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
En su comparecencia, Castro aseguró que, desde la instalación del CST, en 2021, se han sostenido reuniones incluso “con mayor frecuencia” que lo establecido en el reglamento; sin embargo, un miembro dijo que la junta directiva no ha sostenido sesiones.
Defensa.
Por varios años, el CST ha sido uno de los principales señalamientos de la OIT pues en 2013, la administración de ese momento del Ministerio de Trabajo lo declaró acéfalo. En 2019 se reactivó y en 2021 se volvió a establecer otro cuórum.Pero el sector empleador ha señalado que, desde una delegación de contacto de la OIT, realizada en mayo de 2022, la junta directiva se ha reunido. “La única sesión que se convocó no tuvo el quórum necesario al no acudir ni el presidente, ni su suplente. Además, el Gobierno se comprometió con la misión a realizar una consulta sobre la ratificación de los cinco convenios de la OIT en el Consejo Superior del Trabajo, lo cual no sucedió”, dijo el representante de la Organización Internacional de Empleadores (OIE).
En su comparecencia, el ministro Castro se mostró con “desconcierto e indignación” de que el Gobierno salvadoreño fuera llamado nuevamente ante el comité, lo que consideró que tiene un fondo de “motivaciones políticas”.
El funcionario dijo que “muchos de los casos de graves violaciones a derechos laborales ni siquiera se ventilan en estos espacios”.
En tanto, el representante de la parte trabajadora dijo que aún persisten los obstáculos legales que impiden a las organizaciones sindicales participar en las instancias tripartitas y catalogó de injerencia que se tenga que renovar las credenciales cada 12 meses.