Este ranking es elaborado por Property Rights Alliance, una filial de Americans for Tax Reform que se fundó en 1985 por pedido del presidente Ronald Reagan. Este informe recoge la evolución de los derechos de propiedad intelectual de 129 países, incluyendo a Centroamérica.
La última edición del índice se elaboró en un contexto crucial por la pandemia del covid-19, que dejó evidencia que la innovación y los derechos de propiedad intelectual son cruciales para el descubrimiento de soluciones a crisis mundiales, destacó Lorenzo Montanari, director ejecutivo de Property Rights Alliance y editor del informe.
Su último informe, publicado el pasado 7 de septiembre en Washington, destaca que El Salvador avanzó dos posiciones frente al reporte de 2021 cuando se colocaba en la posición 99 con una calificación de 4.17 de 10 puntos aplicables. En este último aspecto, sin embargo, hubo una desmejora porque el año pasado tenía un porcentaje de 4.7.
La economía salvadoreña es la tercera de la región con mejor puntuación, solo superada por Costa Rica (en el puesto 44) y Panamá (69). Luego Guatemala se coloca en la posición 103, Honduras en 104 y a la cola figura Nicaragua en la 109.
¿Cuál es su calificación?
Este informe incluye varios indicadores agrupados en componentes. Uno es el entorno legal y político (LP), que proporciona información sobre la fortaleza de las instituciones de un país en cuanto al respeto de la “reglas del juego” y la fortaleza de una nación para hacer cumplir el sistema de propiedad intelectual. Para el informe de 2022, El Salvador tuvo una calificación de 3.99, una desmejora desde los 4 puntos anotados el año pasado.En cuanto a los derechos de la propiedad física (PPR), este componente reúne indicadores sobre qué tanto un país ofrece un sistema integrado, eficaz y eficiente para registrar la propiedad, protección a la infraestructura privada, así como acceso a créditos.
Para 2021, la economía salvadoreña tuvo una calificación de 5.9, pero para 2022 cayó a 4.46.
La economía salvadoreña solo logró mejorar su calificación en el componente de propiedad intelectual (IPR) al quedar en 4.05, ligeramente por arriba de los cuatro puntos agenciados el año pasado. En este segmento se incluyen indicadores como protección a las patentes, marcas comerciales y derechos de autor.