En un comunicado, aseguró que “los bancos privados han confirmado que participarán activamente en este programa”, cuyo objetivo es “apoyar los esfuerzos del país para mejorar su perfil de deuda, disminuir el riesgo país percibido por los mercados internacionales y lograr un marco de estabilidad fiscal a mediano plazo”.
La propuesta se fundamenta en una estructura de los vencimientos, que actualmente por ley no pueden exceder los 360 días. De esa manera, la gremial que representa a los 12 bancos más importantes de la plaza propone que se cambien los plazos a dos, tres, cinco y siete años.
Alivio en la caja.
Esto permitirá, agregó en su texto, reducir los niveles de obligaciones financiera en el corto plazo del Gobierno; sin embargo, Abansa no detalló si la reestructura también incluye las tasas de interés, una de las principales alertas de los economistas, pues, desde la pandemia de covid-19, Hacienda ha emitido estos compromisos a altas tasas debido al riesgo país. Diario El Mundo consultó con la unidad de comunicaciones de la gremial, pero al cierre de la nota no obtuvo respuesta.“Para el Gobierno sí podría presentar un alivio, en el sentido de que los pagos de capital no los tendrían que hacer, pero, para términos de las finanzas públicas, no representaría un alivio a menos que la tasa de interés disminuya”, matizó Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Para el economista, la propuesta va más enfocada en “beneficiar a los bancos y al Gobierno” si no hay garantías de que una reestructuración cierre las puertas para que Hacienda continúe sacando más emisiones en el mercado.
DEM
Clave de la deuda de corto plazo.
Hacienda tiene dos mecanismos de deuda de corto plazo, que usualmente se emiten en el mercado interno y son precisamente los bancos o las administradoras de fondos de pensiones (AFP) los principales compradores.Esta deuda se emite a través de las Letras del Tesoro (Letes), un mecanismo para cubrir deficiencias temporales de la caja fiscal por un monto que no exceda el 25 % de los ingresos corrientes del presupuesto. Luego están los Certificados del Tesoro (Cetes), que deberían emitirse en calidad de créditos puentes.
“Lastimosamente ese fin se ha desnaturalizado”, agregó Castaneda. “El trasfondo de esto son las dificultades del Gobierno para acceder a financiamiento”, añadió.
El perfil de deuda del Ministerio de Hacienda señala que estos compromisos superaron los $2,567.9 millones en junio pasado, un 7.3 % del Producto Interno Bruto (PIB). De estos, $1,220.8 millones corresponden a Letes y $1,347.1 millones en Cetes.
No es la primera vez que la banca propone una reestructuración, durante las fuertes presiones fiscales de la administración de Salvador Sánchez Cerén hubo varios llamados para disminuir el peso de estas obligaciones e incluso de cambiar las condiciones de emisiones.
Abansa enfatizó que la propuesta tiene lugar en un momento de “mejora sustancial” de los indicadores financieros de El Salvador después de que se cumpliera el pago de los bonos 2023 y se adelantara parte de los compromisos de 2025.
El Indicador de Bonos Emergentes (EMBI) pasó desde un pico de 35 puntos en julio de 2022, cuando había incertidumbre por el pago de los bonos 2023, a colocarse 9.06 puntos este 22 de agosto. Esa es su cota más baja desde octubre de 2021.