La búsqueda de mejores oportunidades, un mal ambiente laboral y el sobrecargo obligan a los empleados de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a renunciar a sus empleos, señala una investigación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
En el país, se estima que un 66 % de la población económicamente activa trabaja en más de 500,000 pymes a nivel nacional. Este sector constituye una labor importante, pues aporta aproximadamente un 44 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El análisis, publicado en marzo en la Revista Empresarial, realizó una encuesta a un grupo de 32 empleados permanentes con al menos dos años de experiencia laboral en pymes.
En la investigación se consultó sobre los principales motivos por los que renuncian los colaboradores de las pymes, donde un 33 % dijo que dejaba sus empleos por mejores oportunidades laborales, un 22 % indicó que fue por mal ambiente laboral, mientras un 17 % asoció su decisión a la sobrecarga.
Entre los motivos también se encuentra un 15 % que dejó su trabajo por poco incentivos económicos, y un 13 % lo hizo porque percibió falta de oportunidades de crecimiento profesional.
“Es posible afirmar que la razón más común por la que los empleados deciden cambiar de empleo es la búsqueda de mejores oportunidades laborales y de crecimiento profesional”, señala el documento.
La ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria señala que si la persona que renuncia ha laborado al menos dos años en la empresa deberá recibir una prestación económica equivalente a 15 días de salario por cada año de servicio.
El análisis de la UCA señala que este tipo de rotación de personal puede influir en una serie de costos para los negocios. La indagación recomienda a las pymes fortalecer la retención de personal para evitar esa transición constante de colaboración.
Sin embargo, solo un 27 % de los encuestados aseguró que la empresa en la que labora posee políticas para retener al personal.
Desproporcional
Un 75 % de los encuestados también aseguró que el cálculo de la prestación económica por renuncia voluntaria establecida no es justa en el país, principalmente porque “no representa un monto con el que se pueda enfrentar la realidad del país”.A pesar de que la ley obliga a las empresas a pagar una compensación por renuncia, un 3.10 % de los encuestados aseguró que no se le pagó la prestación.
La investigación también abordó a cinco administradores de pymes, quienes señalaron que hacen lo posible por cancelar las obligaciones legales de este tipo; sin embargo, reconocieron que hay empresas para las que este tipo de costos se vuelven difíciles de cancelar.
El documento descubrió que la mayor proporción de los empleados indicaron que no recibieron capacitaciones relacionadas a la aplicación de esta ley reguladora de la prestación económica por renuncia voluntaria, al mismo tiempo que los patronos no realizan el registro de la provisión por renuncia.
