El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) inició una jornada de inspecciones para verificar los derechos laborales brindados por las empresas de seguridad.

El titular de la cartera, Rolando Castro, aseguró que hay empresas que no cumplen con los derechos laborales, porque aplican retenciones a los colaboradores de seguro social y AFP, y créditos hipotecarios, pero no hacen efectivo el pago ante las instituciones correspondientes.

Dentro de estas inconsistencias, las empresas de seguridad y de limpieza son las que más recurren a violentar los derechos laborales, indicó el ministro de Trabajo.

Anunciamos el despliegue a nivel nacional de verificación y cumplimiento de normativa laboral de todas las empresas de seguridad en el país”.

Rolando Castro
Ministro de Trabajo y Previsión Social


En este despliegue participan más de 700 inspectores, en los 14 departamentos del país, verificando tanto leyes laborales como normas de higiene, y seguridad ocupacional.

El funcionario aseguró que actualmente unas 30 empresas de seguridad están siendo investigadas, que, de encontrarse incumplimientos, podría ser sancionadas con multas de $57.14. “Pero hay multas mucho más grandes que van a través de la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional”, añadió.

Manifestó que en las empresas de seguridad existen 37,000 trabajadores en términos formales, sin contabilizar el subregistro que persiste en el rubro.

Castro explicó que los agentes de seguridad poseen largos turnos de trabajo, mientras algunas empresas no cancelan ni el salario mínimo, y descuentan el pago de uniforme y calzado de los trabajadores.

El funcionario aseguró que “sin importar quién sea” se impulsarán las jornadas laborales de ocho horas por día.

El ministro recordó que hace 14 meses se envió una propuesta de ley de seguridad privada a la Asamblea Legislativa, pero aún no ha sido avalada por la Comisión de Trabajo. Debido a esto, el MTPS decidió iniciar con un despliegue de verificaciones a nivel nacional.

Ayer agentes de seguridad sindicalistas se pronunciaron ante la tardada aprobación de dicha ley, y exigieron el aval de la misma, por parte de los diputados.