Moody’s pasó de “Caa1” a “Caa3”, con perspectiva negativa, la calificación de la deuda a largo plazo del Gobierno salvadoreño. En la escala de medición de la agencia, el grupo de la “Caa” significa que las obligaciones tienen mala posición y están sujetas a un riesgo crediticio muy alto.
“La decisión de Moody’s de rebajar las calificaciones de El Salvador refleja una mayor probabilidad de un evento crediticio – reestructuración, canje forzoso o impago-, ya que el soberano se enfrenta a un cronograma desafiante de amortización de deuda con vencimientos de bonos en 2023 y 2025”, señaló en un comunicado publicado ayer.
La calificación de riesgo soberano es uno de los principales indicadores del mercado, pues mide el riesgo crediticio relativo a las obligaciones financieras de un emisor. Para elaborarlas se consideran tanto los datos macroeconómicos, fiscales como las tensiones políticas que podrían menoscabar el cumplimiento de una deuda.
En el análisis de Moody’s, la agencia señala que la baja de la calificación de El Salvador se debe en gran parte a la falta de un plan de “financiamiento creíble”, lo que deriva en un aumento de los riesgos crediticios y se limita aún más el acceso al mercado de inversionistas.
El Gobierno central debe conseguir en los próximos meses el financiamiento para pagar $800 millones en bonos que se vencen en enero de 2023. Sin embargo, se enfrenta a un restringido acceso al mercado porque su riesgo país se ha disparado, mientras que el rendimiento de sus bonos sigue deteriorándose.
Esta es la segunda vez que Moody’s degrada el perfil de El Salvador en menos de un año, la última revisión a la baja fue en julio del 2021. Fitch Ratings también rebajó en febrero pasado su calificación para la economía salvadoreña por el alto nivel de endeudamiento y la limitada capacidad de pago.
Sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la demora en la emisión de bonos bitcoin, el mercado interpreta que se agotan las alternativas del Gobierno para conseguir el financiamiento, a pesar que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha insistido en que el Gobierno cumplirá con todos los compromisos.
Presiones de liquidez.
Aunque las presiones de liquidez del Gobierno se han aliviado “un poco” como resultado del aumento del 26.9 % en los ingresos tributarios al cierre del 2021, Moody’s advirtió que las necesidades de financiamiento se intensificarán en el segundo semestre del 2022 y se mantendrán hasta el pago de los bonos en 2023.Estima que las necesidades de financiamiento del Gobierno central en 2022 equivaldrán al 16.2 % del Producto Interno Bruto (PIB, producción de la economía), y para el próximo año aumentarían al 17 % con el pago de los bonos.
La agencia destacó que una reforma al sistema de pensiones podría “liberar liquidez” para el pago de los bonos, pero, debido a que el Gobierno aún no ha dado detalles de la iniciativa, “los riesgos crediticios soberanos siguen altos”.
Incluso, agregó la agencia en su nota, si el Ejecutivo encuentra la manera de manejar las presiones de financiamiento a corto plazo, seguirá enfrentando a presiones de financiamiento que “comprometerían su capacidad para cumplir con sus compromisos de deuda en su totalidad”.
Tres alertas de Moody’s sobre las finanzas
El mercado está atento a las maniobras del Ejecutivo para honrar sus compromisos de deuda de corto plazo, tanto en en la plaza local como los bonos de 2023.1.- Menor capacidad
La agencia señaló que los riesgos crediticios de El Salvador son elevados y la capacidad de pago se ve comprometida por el alto costo del financiamiento.
2.- Pagos de deuda
En el corto plazo, el Gobierno salvadoreño debe pagar $800 millones en bonos que se vencen en enero de 2023 y otros $800 millones en enero de 2025.
3.- Pérdidas
La agencia advirtió que hay “grandes pérdidas materiales para los inversores antes de los dos próximos rescates de bonos” por el deterioro de los rendimientos.