Los productores salvadoreños temen un incremento en las importaciones de alimentos tras la aprobación esta semana de una ley que establece la creación de un Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), además de regulaciones en precios y abastecimiento.
La ley, aprobada el martes por el pleno legislativo, otorga facultades a la nueva institución para administrar los subsistemas de agroproductores, zonas agroproductivas, centros de postcosecha, centrales de abasto, logística y mercados. Se encargará, además, de entregar permisos y regular precios.
El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), Luis Treminio, aseguró que la iniciativa fue elaborada “al revés”, pues, antes de impulsar centros de abasto, considera que es necesario fortalecer y promover la producción nacional.
“No hay productos de parte de la producción nacional. Vamos a importar gran cantidad de productos agropecuarios para abastecer los centros de abasto”, lamentó Treminio.
La producción agrícola de El Salvador no es suficiente para suplir las necesidades de su población. El mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reconoció en 2021 que el país trae hasta un 80 % de lo que consume.
También un informe de tres agencias de Naciones Unidas, publicado en diciembre de 2022, plantea que El Salvador es el segundo de Centroamérica que más depende de las importaciones de alimentos.
La apuesta.
Por su parte, Mateo Rendón, de la Mesa Nacional Agropecuaria Rural e Indígena, consideró que con la nueva ley se aumentará la dependencia de El Salvador a las importaciones y aseguró que la norma no traerá beneficios para el sector agropecuario.Rendón catalogó como “insólito” la aprobación de esta ley en medio de una emergencia por los daños ocasionados debido a la presencia del fenómeno climático de El Niño. Los productores estiman que al menos un millón de quintales de maíz y unos 20,000 quintales de frijoles se han perdido en lo que va del año como consecuencia de la escasez de lluvia durante el invierno.
“Creo que las políticas de Gobierno deberían estar enfocadas en la seguridad alimentaria”, puntualizó el vocero de la Mesa.
A pesar del rechazo de los productores, el MAG aseguró este miércoles que este nuevo modelo de comercialización responde a las peticiones del sector y descartó una hambruna, un término que realmente hace referencia a cuando los sistemas de producción han colapsado, como en Haití. Lo que El Salvador sufre es inseguridad alimentaria, que se refiere a cuando las personas no tienen suficientes alimentos para satisfacer sus necesidades.
“Con esta nueva ley va a haber un comercio justo, qué es lo que va a pasar, va a haber incluso más rentabilidad y más producción”, dijo el viceministro ad honorem, Óscar Domínguez.
Para Treminio, la ejecución de este nuevo centro no generaría una competencia justa en el mercado. El productor recordó que en el país la regulación de los precios está prohibida por la ley, por lo que una medida de este tipo perjudicaría tanto al comerciante como al agricultor.
Los productores aseguraron que la ley no fue consultada con las instituciones que representan y pidieron ser parte de la creación del reglamento.
