El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor impuso $1.3 millones en multas en cuatro años a 333 proveedores, relacionadas con la falta de información en promociones por no establecer la duración, el precio o las condiciones de las ofertas.
Dentro de estas multas también hay infracciones por difundir publicidad total o parcialmente falsa, lo cual provocó error, engaño o confusión a los clientes que adquirieron los productos o servicios.
El portal de la Defensoría señala que en 2020 se impusieron multas a 27 proveedores por $127,370.58, mientras que, en 2021, la cifra subió a 187 sancionados por $770,860.62.
La cifra descendió en 2022, cuando sancionaron 81 proveedores, por un monto de $310,295.17.
Según la Defensoría, las multas impuestas volvieron a dar un paso atrás y cayeron en un 52.5 % en 2023, al contabilizarse $162,868.14 menos que el año anterior. De esta manera, la institución sancionó a 38 proveedores por $147,427.03.
¿Qué rubros son los más multados?
La Defensoría señala que el sector de almacenes de ropa, calzado y accesorios abarca el 46.2 % de los más de $1.3 millones interpuestos en multas en los últimos cuatro años. El Tribunal sancionó con $626,996.18 solo a este rubro.El segundo grupo más multado fue de casas comerciales, a este tipo de negocios se le aplicaron sanciones por $182,317.31, un 13.4 % del total.
Por su parte, el rubro de restaurantes abarcó un 12.2 % de las multas, mientras que las farmacias representaron un 8.4 %.
El Tribunal también sancionó a negocios del sector de vehículos, turismo y supermercados. En la lista también se incluyen ferreterías, educación, instituciones financieras, gimnasios, empresas de telecomunicaciones y aquellas que brindan servicios logísticos.
Durante los últimos cuatro años, la Defensoría ha realizado inspecciones en diversos rubros y, entre los 450 hallazgos encontrados, la falta de información de promociones y ofertas especiales abarca un 86.44 % del total.
La Defensoría detectó además 55 casos sobre publicidad engañosa o falsa, tres casos que atenta contra la dignidad de las personas y la misma cantidad por obstaculización de las funciones de información de la institución.
