Después de un horrible fin de semana de casi 80 homicidios, hace un año, se estableció un régimen de excepción que ha dado un vuelco notable a la seguridad en El Salvador. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han sacado a las pandillas de las calles y han encarcelado a más de 66 mil pandilleros o sospechosos de ser colaboradores de estos.

La reducción de homicidios y otros delitos ha sido impresionante. Es innegable, colonias y municipios enteros anteriormente sitiadas por la delincuencia organizada han recuperado su tranquilidad y la inmensa mayoría de negocios y personas hablan de que la denominada “renta” -extorsiones de pandilleros- casi ha desaparecido.

Durante este año también ha habido señalamientos de abusos y violaciones de parte de las fuerzas de seguridad contra personas inocentes y hay cuestionamientos al debido proceso. Cerca del 6.5% de los detenidos han sido liberados por falta de pruebas en su contra. Son denuncias que hay que investigar y corregir.

Pero no se puede negar que hay una percepción generalizada de que la seguridad ha mejorado, que las pandillas han sido derrotadas y que la ofensiva gubernamental ha sido un éxito. Durante décadas escuchamos el clamor de toda una sociedad reclamando el fin de las pandillas y su criminal accionar. Muchos de los planes gubernamentales anteriores fueron solo propaganda, pero ahora parece que cada vez estamos más cerca de ese gran deseo colectivo de terminar con las pandillas que tanto luto y dolor, así como pérdidas económicas, trajeron a la sociedad.